Un empresario de Jerez será juzgado este lunes por una ayuda de 225.000 euros del caso de los ERE

El PP, personado como acusación particular, reclama para el acusado cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta

El acusado, responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur, solicitó una "ayuda excepcional" para "solventar problemas de liquidez"

Efectivos de la Policía ante el edificio de la Audiencia de Sevilla donde será juzgado el empresario. / E.P.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes y el martes un juicio, contra un empresario de Jerez de la Frontera por el cobro de 225.000 euros en concepto de "ayuda sociolaboral", gracias al mecanismo de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones directas y arbitrarias, una ayuda concedida "de manera arbitraria y fraudulenta".

Según el escrito de acusación del PP-andaluz, personado en la causa como acusación popular, el acusado es Salvador M.B., responsable de la empresa Plantaciones Agrícolas Plantasur, con sede en Jerez y dedicada a la actividad agrícola, forestal, ganadera, pesquera, industrial, de construcción, de transporte, de intermediación, de profesionales y de "servicios en general".

El escrito del PP andaluz detalla que el 23 de diciembre de 2009, este empresario solicitó a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía "una ayuda excepcional" por importe de 450.000 euros para "solventar problemas de liquidez", dada la "falta de crédito por parte de las entidades financieras y la falta de liquidez a corto plazo de los clientes".

Ayuda excepcional

A continuación, el escrito señala que "prescindiendo de todo procedimiento legal, el 8 de febrero de 2010", Juan Márquez como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía le concedió "una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros" con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que eran financiados los ERE fraudulentos.

"A pesar de no reunir los requisitos legales para ello", según el PP, al empresario le fue abonado "el 75 por ciento de la ayuda", o sea 225.000 euros, de manera "arbitraria y fraudulenta", con el "visto bueno del entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, siguiendo las indicaciones del consejero de Empleo, Antonio Fernández".

Juan Márquez, Agustín Barberá y Antonio Fernández fueron ya condenados a cárcel por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por su papel en el mencionado mecanismo "específico" de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias. Barberá y Fernández han cumplido ya condena, mientras que en el caso de Márquez su pena de prisión está suspendida provisionalmente.

Para el PP, los hechos relativos a esta ayuda constituyen un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, por lo que reclama para el empresario acusado cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta.