"Hay que fomentar las energías renovables, pero haciendo un despliegue racional y equilibrado"
El arquitecto Manuel González Fustegueras presenta el documento de avance del plan para regular la implantación de instalaciones de generación de energía renovable en Jerez
Se estima que la ordenación urbanística no entrará en vigor hasta, al menos, dentro de un año
Primer avance de las zonas donde se podrán instalar las plantas fotovoltaicas y eólicas en Jerez

El Palacio de Villapanés ha acogido en la jornada de este martes la presentación del avance del documento urbanístico con el que se pretende regular la implantación de las instalaciones de energías renovables en el término municipal jerezano. Manuel González Fustegueras, coordinador de la empresa Territorio y Ciudad, firma que se ha encargado de su elaboración, explicó los principales rasgos que tendrá el futuro plan especial, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración —se ha elaborado ya el documento de avance y se está a la espera del documento de alcance que debe elaborar la Junta de Andalucía para obtener el benepláfico ambiental—.
En el acto, Fustegueras incidió en la necesidad de “fomentar y facilitar la producción de energía renovable, aunque a su entender debe hacerse mediante un “despliegue racional y equilibrado” una vez realizado un pormenorizado “análisis del territorio”. Para ello, explicó que el avance del plan realiza un estudio sobre la situación actual de la implantación de parques de generación de energía renovables y de la normativa que lo la regula para, con posterioridad y establece una propuesta de las zonas que serán aptas o no para la implantación de este tipo de instalaciones. En él se establecen, además, algunas determinaciones como la fijación de distancias respecto a los núcleos urbanos, las medidas necesarias para reducir sus efectos sobre el paisaje o las condiciones que deben tener los suelos sobre los que se asienten.
El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite que este tipo de instalaciones puedan construirse en suelo rústico de secano. En cambio, en el futuro plan especial se restringirá permitiéndolo en este tipo de suelos siempre y cuando estén a más de un kilómetro de un suelo urbano o urbanizable —un perímetro no solo aplicable a la zona urbana sino también a las siete entidades locales y a las barriadas rurales de Mesas de Asta, Gibalbín, El Portal La Ina y José Antonio, además de la pedanía de Cuartillos—. En el PGOU, la limitación espacial está situada en los 500 metros.
No obstante, se fijarán otro tipo de condicionantes tanto territoriales como paisajísticos, tales como no permitir este tipo de instalaciones en un radio de 250 metros en el entorno de hitos patrimoniales o en zonas de pendientes con un desnivel superior al 25%. Además, se pondrá especial celo en la protección del paisaje de enclaves tan singulares como los viñedos.
Las limitaciones de ocupación de suelo
Teniendo en cuenta estas delimitaciones, el avance del documento, según explicó Fustegueras, establece que un 20% de la superficie del término municipal y un 43% de las zonas de secano son aptas para las instalaciones eólicas; mientras un 19% de todo el municipio y un 42% del suelo de secano lo serán para las fotovoltaicas. Ahora bien, esto no quiere decir que todo se podrá ocupar con este tipo de instalaciones, sino que se fijarán unos máximos de capacidad de acogida.
Así, se establecerá como índices de “máxima ocupación” que las plantas fotovoltaicas no podrán ocupar más de un 5% del suelo rústico común del término municipal —aunque no se computarán aquellas que se instalen en "suelos degradados o de muy baja capacidad agrológica, según se apunta en el plan— y que haya un aerogenerador por cada kilómetro cuadrado de las zonas declaradas como aptas . Según el director de Territorio y Ciudad, en estas limitaciones se tendrán en cuenta lo ya construido o ya con autorizaciones concedidas y en construcción. Eso sí, aseguró que a día de hoy, a pesar de que son numerosos los proyectos que están tramitándose, aún se está lejos de alcanzar estos límites.
El documento de avance incluye unos planos donde establecen las zonas aptas y no aptas para la implantación de este tipo de instalaciones. En cuanto a las eólicas se establecen fundamentalmente cuatro zonas. Una de las más grandes está ubicada al oeste del término municipal, en la linde con Sanlúcar, donde ya están operativos varios parques eólicos. También se autorizarían al norte de la campiña (próximos a la Sierra de Gibalbín), en el entorno de la Autovía de Arcos (A-382) una vez pasado los cruces de acceso a Torremelgarejo, y al sureste del municipio, en un enclave donde también llevan años funcionando varias plantas eólicas, aunque se prohíben en el entorno de la Laguna de Medina.
En cuanto a la fotovoltaica, se autorizarían también al oeste del término municipal junto a los parques eólicos ya existentes (aunque la Junta en los últimos años no ha permitido en algunos de estos parajes al ser una zona de protección de aves esteparias), también al norte del municipio, en los parajes de Peñuela, Alcántara, Garrapilos y Vicos, al este del término municipal —aunque no se permitiría en las zonas más próximas al circuito y a Montecastillo, donde ya se han autorizado o se están tramitando instalaciones de este tipo— y al sureste de Jerez sirviendo la A-381 (la autovía Jerez-Los Barrios) como eje.
Los plazos administrativos
Por el momento no hay fecha para la entrada en vigor de este trámite que está en su tramitación ambiental y está abierto a sugerencias. No obstante se estima que podría estar aprobado hasta, al menos, dentro de un año. De este modo, una vez presentado el avance y la Consejería de Medio Ambiente remita el documento de alcane, se elaborará el estudio ambiental estratégico del plan especial, donde se analizarán los impactos de este tipo de infraestructuras y se fijarán medidas para mitigarlos. Una vez concluidos, se elaborará en documento de aprobación inicial del plan que tendrá su periodo de exposición pública. Tras esto, tendrá que ratificarse de manera definitiva una vez obtenga el beneplácito del resto de administraciones competentes.
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