El gobierno municipal ya habla de “irregularidades” en los trabajos de fiscalización que la Cámara de Cuentas está realizando a la gestión económica del Ayuntamiento en 2018 por lo que anuncia que solicitará tanto a esta institución como al Parlamento andaluz que aclare el procedimiento que se ha seguido en este expediente.  

La delegada de Economía, Laura Álvarez, volvió a cargar contra la institución cuestionando nuevamente su independencia al asegurar que recientemente ha solicitado información que está vinculada a la demanda judicial que presentó semanas atrás contra dos empleados municipales por acceder presuntamente de manera fraudulenta a expedientes municipales.   

De hecho, y al igual que hiciera el PSOE el miércoles, señaló al responsable de la auditoría, el consejero Rafael Salas, por su vinculación al PP. Este ha sido desde 2015 vicepresidente de la Cámara de Cuentas y ha estado al frente del departamento de corporaciones locales de esta entidad desde entonces. No obstante, la pasada semana la comisión de nombramientos del Parlamento andaluz acordó su cese dado que ya se ha cumplido su mandato de seis años.   

La edil puso en duda la independencia de este consejero señalando: “Voy a pedir que se haga un ejercicio con el nombre de este señor; búsquenlo en Internet y lo asocien con el nombre de otro político jerezano [no lo citó aunque el miércoles el PSOE mencionó a Antonio Sanz] y denle al botón de imagen. Y luego que cada uno piense”.  

Entre las “irregularidades” denunciadas, la edil apuntó que no fue hasta la pasada semana cuando se hizo público el documento de directrices técnicas, que establece el marco de análisis del trabajo fiscalizador de la Cámara, cuando fue aprobado en abril del año pasado. La Cámara apuntó el miércoles que se había producido una “disfunción temporal” entre la aprobación de este texto y  el comunicado emitido el pasado martes donde anunciaba la fiscalización dado que se habían realizado modificaciones en él en el último momento.   

En cambio, Laura Álvarez sostiene que a lo largo del año pasado se le reclamó este documento sin que se le fuera facilitado por esta institución cuando insiste en que este debe aprobarse “antes de comenzar la fiscalización”. De hecho, apuntó que este no se publicó en la web de la Cámara de Cuentas hasta escasos días antes de que este órgano emitiera el comunicado anunciando el inicio de la fiscalización, aunque un día más tarde rectificara esta afirmación señalando que estos trabajos están bastante avanzados.  

La edil insistió en que se ha dado toda la documentación requerida desde que, a su entender, la fiscalización se inició en septiembre de 2019. La Cámara sostiene, por el contrario, que entonces se inició un estudio previo y que no se aprobó las directrices hasta mediados del pasado año, aunque luego alegue que se hicieron “modificaciones”.  

Ahora bien, la edil también cuestionó que la auditoría vaya a analizar si el Ayuntamiento cumplía con las medidas establecidas por ley para proteger datos personales antes y después del ciberataque sufrido en octubre de 2019. Así, apuntó que la Cámara solicitó información sobre este incidente a principios de este año, un asunto que asegura está vinculado con la demanda presentada contra los dos trabajadores municipales. “No pidieron nada durante el ataque y ahora sí lo piden”, dijo.  

La Cámara de Cuentas está realizando una auditoría sobre la situación económico-financiera del Ayuntamiento en el año 2018. Para ello se está analizando el presupuesto, de las modificaciones realizadas en las previsiones así como de las cuentas aprobadas. También se analizarán los sistemas que hay para el control de los gastos e ingresos, la situación de la deuda municipal, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad así como el estado del remanente de tesorería. No obstante, también analizará las medidas de seguridad que tiene el Ayuntamiento antes y después del ciberataque sufrido en octubre de 2019.