El importante impacto que supondrá a las arcas de todos los ayuntamientos la anulación del impuesto de la plusvalía, decretada este martes por el Tribunal Constitucional, ya ha provocado sus primeras consecuencias en el Ayuntamiento jerezano. El gobierno local ha decidido paralizar el proceso de elaboración del presupuesto municipal del año próximo a la espera de saber qué alternativas se ofrecen a las entidades locales de este tributo.

Tal y como apuntara este periódico en su edición de hoy, el pronunciamiento del Tribunal provocará que el Ayuntamiento de Jerez pueda perder en torno a 10 millones de euros (el ejecutivo sube la cifra hasta los 10,5 millones aproximadamente). Fuentes del gobierno municipal señalaron que, “ante el impacto de esta sentencia”, el ejecutivo está en “permanente contacto con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)” y con el Ministerio de Hacienda para analizar las alternativas. En años precedentes, los ingresos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos ha supuesto en torno a un 10% de los ingresos por vía fiscal.

Al poco de conocerse el fallo del Constitucional (aunque el contenido total de la sentencia se hará en los próximos días) el Gobierno central anunció que está ultimando un cambio legal para garantizar la supervivencia del impuesto. Según el equipo de gobierno, “la respuesta del Ministerio ha sido de receptividad y ha mostrado diligencia para abordar la búsqueda de una solución”.

Sin embargo, ante esta situación, el ejecutivo reconoció que esta situación afecta al proceso de elaboración del presupuesto municipal del año próximo por lo que señaló que en este “escenario de preparación” de la previsión contable, “lo más lógico es esperar y no avanzar en este proceso hasta que no se clarifique el escenario y se resuelvan las dudas”. Según lo apuntado días atrás, el ejecutivo tenía previsto sentarse durante el próximo mes con algunos grupos de la oposición para tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo que permita sacar la previsión contable adelante. 

En 2020, el Ayuntamiento percibió por este tributo unos 9,4 millones, algo menos de dos millones de lo que tenía previsto inicialmente. De estos, ha recaudado de manera efectiva apenas 6,8 millones, según se recoge en la liquidación del presupuesto de 2020 aprobada recientemente por el ejecutivo. Mientras, en este 2021, según el avance de ejecución presupuestaria a 7 de mayo, había obtenido unos 5,9 millones de euros en derechos reconocidos, de los que ya habría recaudado unos 2,5 millones.

Mientras tanto, la Federación Española de Municipios y Provincias señaló que, tan pronto se conozca en profundidad la sentencia, se convocará una junta de gobierno de este órgano que representa a todas las entidades locales del país para “interpretar la sentencia conjuntamente” y pedir “al Gobierno de España analizar de forma conjunta la solución”.

Ya en 2017, este impuesto sufrió un importante varapalo del Tribunal Constitucional por un caso promovido desde Jerez. Entonces, una promotora de la ciudad planteó una cuestión de inconstitucionalidad por el cobro de estos impuestos en aquellos casos que no hubiera ganancia patrimonial por parte del que vendía el inmueble. Tras un recurso, que fue llevado por el bufete del abogado José Cepero, el Tribunal Constitucional determinó que los ayuntamientos únicamente podían cobrar este tributo en aquellos casos que hubiera ganancia patrimonial.

Ahora, tras otra cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Málaga, se ha anulado el sistema de cálculo del tributo recogido en la Ley de Haciendas Locales.