El Ayuntamiento de Jerez ya cuenta con un nuevo plan de ajuste. El pleno municipal ha aprobado en la mañana de este viernes, aunque únicamente con los votos del gobierno (más que suficientes, eso sí), una modificación sustancial de este documento de una relevancia vital para la gestión económica municipal pues establece las medidas maestras para aumentar los ingresos y reducir los gastos.

El cambio se ha realizado motivado por la necesidad de refinanciar el grueso de la deuda financiera del Consistorio —se cambian las modificaciones de cinco préstamos por un importe de unos 830,7 millones de euros, en torno al 90% del pasivo que tiene actualmente el Consistorio—. En abril, el anterior gobierno municipal del PSOE decidió acogerse a esta medida ante la imposibilidad de afrontar los costes financieros por su importante incremento, unas negociaciones que concluyó el actual ejecutivo a principios de noviembre.

Ahora bien, el equipo de gobierno sostiene que las medidas incluidas en el nuevo plan de ajuste han sido impuestas por el Ministerio de Hacienda, extremo negado por la oposición que afirma que el Ayuntamiento tenía margen de maniobra para decidir qué medidas aplicar para incrementar los ingresos y reducir los gastos. El debate sobre este asunto fue bronco por momentos y no faltaron los reproches, incluso, hacia el papel del interventor municipal —el funcionario llegó a tomar la palabra para defender su trabajo—.

Entre las medidas de mayor importe, se contempla un incremento del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y la eliminación de la bonificación del tributo de circulación (IVTM) a los vehículos históricos. Mientras, en el apartado de gastos se contempla que no se cubra entre 2025 y 2028 la mitad de los puestos de trabajo que queden vacantes por jubilaciones en el Ayuntamiento.

Al igual que ocurrió a mediados de diciembre cuando se aprobó una modificación presupuestaria para cubrir todos los gastos del personal municipal, la concejala del PSOE Laura Álvarez pidió la palabra al inicio del debate para reclamar un “informe preceptivo” de la Intervención sobre la propuesta de modificación del plan de ajuste al haber sido solicitado por “un tercio” de la corporación municipal. Sin embargo, el interventor municipal advirtió de que este no es exigible que ya que había informado sobre la propuesta en otro informe incluido en el expediente. Sin embargo, la ausencia de este documento fue uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para votar en contra de la propuesta y para advertir, incluso, de que su aprobación en pleno es “nula de pleno derecho”.

“El plan de ajuste lo elabora y lo aprueba el Ministerio”

Durante su intervención en la sesión plenaria, el delegado de Economía, Francisco Delgado, señaló que el plan de ajuste incluye una serie de medidas de incremento de los ingresos que procederán de la “mejora de la actividad económica en la ciudad” y calificó de “leves” las subidas tributarias contempladas. Eso sí, y adelantándose a uno de los argumentos contrarios de la oposición, se dirigió al PSOE para recordarle que en los planes de ajuste que elaboró incluyó medidas de "subidas tributarias" y de reducción de “gastos de personal”. “¿Cómo lo iban a hacer?”, les espetó.

Asimismo, insistió en que las medidas incluidas del plan de ajuste no han sido por acuerdo sino por imposición del Ministerio de Hacienda. “El plan de ajuste lo elabora y lo aprueba el Ministerio de Hacienda. Es un acto reglado y no tenemos capacidad discrecional”, sentenció.

Este extremo lo negó la concejala Laura Álvarez al afirmar que el Ministerio plantea a todos los ayuntamientos un “catálogo de medidas” para incluir en el plan de ajuste, pero que los gobiernos municipales tienen autonomía para decidirlas. Por ello, la edil justificó el voto en contra de su grupo en que el plan de ajuste supondrá una “reducción” de la plantilla municipal. Además, aseguró que “los ingresos y gastos” no están avalados técnicamente y reiteró que el expediente que se llevó a pleno no está completo ante la ausencia de “informes que concluyan” por lo que, a su entender, se “vulnera el derecho de participación política” y, por ende “el acuerdo es nulo de pleno derecho”.

Vox, por su parte, mostró sus dudas sobre el cumplimiento de las estimaciones realizadas en el plan de ajuste sobre los ingresos y gastos que tendrá el Ayuntamiento —”son proyecciones muy optimistas de la evolución económica”, según su portavoz Antonio Fernández—. Asimismo, advirtió de la incidencia que podría tener la reducción de la tasa de reposición de las plazas por jubilación en la prestación de los servicios públicos.

Finalmente, Raúl Ruiz-Berdejo, en representación de La Confluencia, advirtió de que las medidas del plan de ajuste “vuelven a caer sobre la plantilla y nuestros servicios públicos” al alertar de que los servicios públicos se verán mermados por no cubrirse estas plazas. Asimismo, le exigió al ejecutivo que presente un nuevo presupuesto municipal, un documento que considera “imprescindible”.