El interventor municipal ha alertado de que, en el caso de que no se acabe aprobando la subida del IPC a las tarifas del agua para el año próximo que se debatirá esta mañana en el pleno municipal, habría que compensar a la empresa concesionaria del servicio, Aquajerez, con unos 2,2 millones de euros. El Ayuntamiento está obligado a la actualización anual de las tarifas dado que está recogido en el contrato suscrito con la mercantil, que es filial del grupo FCC-Aqualia, para la prestación de este servicio.

Para ello, ha elaborado un nuevo informe donde apunta de las consecuencias que conlleva no aprobar este incremento. Ahora bien, el alto funcionario no alude a posibles responsabilidades por parte de los concejales que no apoyen la propuesta sino de las consecuencias que recaerían sobre el Ayuntamiento pues la empresa podría reclamar daños y perjuicios. Sin embargo, el pasado año, cuando el pleno rechazó la medida, el gobierno sugirió que podría exigirles "responsabilidad patrimonial" a los ediles de PP e IU que votaron en contra de aplicar el IPC en este año y por no repercutir en el recibo el aumento del coste del servicio en alta (el suministro por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana).  

El importe de la teórica compensación a la empresa Aquajerez está dividido en varias partes. Así, por 2017 se le tendrá que compensar por 341.661,42 euros; mientras por este año 2018, la cuantía asciende a 707.264,20 euros. En el caso de que en 2019 tampoco se aplique el IPC a las tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración, el importe al que Aquajerez tendría derecho sería de 1.238.453,78 euros. Por lo tanto, la suma total ascendería a 2.287.379,40 euros. De hecho, parte de estas cuantías ya han sido reconocidas por el gobierno municipal y están en proceso de abono. 

La Intervención Municipal advierte de que, a día de hoy, el Ayuntamiento no tiene presupuestado este importe y no puede cubrirlo tampoco con el fondo de contingencia, una bolsa de crédito que tiene el presupuesto para atender urgencias e imprevistos. Además señala que estas estimaciones no son "hipótesis" sino que es "la realidad de desequilibrios causados por incumplimientos contractuales".

Por ello, apunta que pueden ser "muy graves" las consecuencias ya que pueden "contribuir a empeorar de forma clara e importante la situación de riesgo y desequilibrio presupuestario y financiero del Ayuntamiento". Así, incide en que aumentaría el presupuesto de gastos "por desequilibrios a compensar", se incumpliría aún más el plan de ajuste municipal y se incrementarían los retrasos en el pago de facturas a proveedores, entre otros.

Finalmente, vaticina que este incumplimiento de contrato puede suponer una "impugnación" por parte de la empresa en la vía contenciosa para exigir "daños y perjuicios "que podría acarrear costes aún mayores por esta causa".