La empresa contratada por el Ayuntamiento de Jerez para ejecutar la reurbanización de las calles Oliva, plaza San Juan y Francos ha decidido abandonar las obras. Ha alegado impagos por parte del Consistorio, extremo que niega el gobierno municipal que afirma que únicamente se le adeuda una última factura que no se le ha abonado, precisamente, por falta de acuerdo con la constructora.

Sin embargo, tras esta decisión adoptada por la constructora, la compañía granadina AFC Construcciones y Contratas, el ejecutivo ha decidido que acometerá con personal municipal la conclusión del tramo que actualmente se estaba ejecutando, concretamente la reurbanización de la calle Oliva, y deja en suspenso la ejecución del resto de la obra prevista inicialmente—el proyecto contemplaba su ampliación por la calle Francos hasta la plaza Rafael Rivero—.

De este modo, se produce una nueva incidencia en esta obra que lleva un considerable retraso (empezó a ejecutarse hace casi un año) y en la que solo se ha intervenido en solo un tramo de poco más de 100 metros de los más de 600 que contempla el proyecto. Ahora, el Ayuntamiento procederá en próximas semanas a acometer una intervención de urgencia para que la calle vuelva a ser transitable.

Sin embargo, deja en suspenso la ejecución del resto de la obra, que tendría que continuar por Francos, Compañía, entorno de San Marcos y acabar en la plaza Rafael Rivero. La necesidad de realizar una reforma del proyecto y volver a ejecutarlo impedirá cumplir con los plazos que exigen los fondos con los que se ejecuta la obra —una subvención europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—.

Para no perder los fondos vinculados a esta obra, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, señaló en una comparecencia celebrada este martes que ya se ha solicitado al Ministerio de Hacienda que estos importes se puedan destinar a otras actuaciones en la ciudad, aunque no aclaró en qué proyectos se podría acometer. Los fondos proceden de una línea de ayudas de la Unión Europea para implantar una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad.

La Policía se personó en la obra

Según lo apuntado por la delegada de Urbanismo, la empresa presentó un escrito la pasada semana donde anunciaba que suspendía la ejecución de las obras. Sin embargo, la edil sostiene que la adjudicataria no puede adoptar unilateralmente esta decisión por lo que entiende que no está suspendida.

Sin embargo, la compañía empezó a retirar parte del material y a realizar unas “adaptaciones”, según lo definió la responsable de Urbanismo, por lo que en la mañana de este martes se personaron agentes de la Policía Local para informar a los operarios que no podían continuar en una obra que, según la empresa, había dado por suspendida el pasado miércoles 18.

Ante esta situación, ahora Ayuntamiento y empresa tendrán que ponerse de acuerdo para, por un lado, esta pueda retirar todo el material de obras que aún permanece y, por otro, proceder a la rescisión del contrato.

De este modo, según las explicaciones dadas por el ejecutivo, en próximos días está previsto que sean operarios del servicio de calas en la vía pública, adscritos a la empresa municipal multiservicios Comujesa, los que se encarguen de ejecutar las actuaciones necesarias para que la calle pueda reabrirse tanto al tráfico rodado como al peatonal.

A día de hoy restarían por pavimentar y enlosar algunos tramos de la calle Oliva puesto que el trabajo de conducciones y canalizaciones ya estaba hecho. Según las previsiones municipales, se procederá a la instalación de un pavimento provisional que permita el paso seguro por la zona mientras se elabora un nuevo proyecto para ejecutarlo más adelante.

Discrepancias con los pagos pendientes

Para justificar su decisión, la empresa adjudicataria de los trabajos alegó que el Ayuntamiento le adeuda parte de las certificaciones de las obras ya ejecutadas. Así, el PSOE, partido que gobernaba en la ciudad cuando se eligió a esta empresa, cifró este impago en unos 177.000 euros.

En cambio, el actual ejecutivo niega este importe y lo reduce a poco más de 11.000 euros señalando, incluso, que lo único que no se ha abonado ha sido la última certificación, correspondiente al mes de septiembre, dado que la empresa no está conforme con el importe.

No obstante, Belén de la Cuadra fue especialmente crítica con la compañía a la que le reprochó que pretenda que se le abone un importante “acopio de material” que ha realizado. “Legalmente no podemos pagarle ese acopio; es cierto que ha hecho ese gasto, pero ese lo deben ir revirtiendo en las certificaciones que vayan presentando”.

Belén de la Cuadra y Jaime Espinar, durante la comparecencia celebrada este martes.

Incluso, fue más allá y advirtió de que estos problemas económicos de la empresa pueden venir ocasionados por la baja oferta económica que presentó para hacerse con la obra, un 9,9% menos que el precio máximo que planteaba el Ayuntamiento. No obstante, hace escasas semanas se aprobó una modificación del proyecto que conllevaba un incremento del precio final de la obra —se situó en los 1,5 millones de euros, impuestos incluidos, unos 256.000 euros más de los inicialmente adjudicados—.

Y tanto la delegada de Urbanismo como el de Vías y Obras, Jaime Espinar, tuvieron reproches hacia el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, al que acusó de realizar una “crítica destructiva” y de estar en la obra “solo en los momentos complicados”, recordándole que los primeros retrasos en esta intervención se produjeron con la formación socialista al frente del Ayuntamiento.