La Junta de Andalucía autoriza otras tres plantas fotovoltaicas en Jerez

Con más de 50 proyectos en tramitación, en construcción o ya operativos, el goteo de autorizaciones de construcción de plantas fotovoltaicas en Jerez prosigue. En las últimas semanas, la Junta de Andalucía ha dado su visto bueno a otras tres instalaciones, a dos de ellas concediéndoles la autorización administrativa previa y a una tercera dándole su beneplácito ambiental.

Las dos instalaciones que ya cuentan con el permiso autonómico definitivo —en diciembre recibieron el visto bueno ambiental— están promovidas por unas sociedades vinculadas a Cavalum, una firma portuguesa dedicada a la gestión y construcción de instalaciones renovables. No obstante, el proyecto fue iniciado por otra compañía con domicilio en Córdoba, para luego pasar a este grupo energético.

Tal y como se recoge en la propuesta aprobada, proyecta la construcción ambas instalaciones en una misma finca situada en el paraje de La Romanina, al norte del término municipal, que ocuparán en su conjunto una superficie total que rondaría las 18 hectáreas. La primera de las plantas tendrá una potencia instalada de algo más de cuatro megavatios de potencia instalada; mientras, la segunda será de 4,8 megavatios.

Evacuarán la energía que genere a través de una línea aérea de más de 18 kilómetros de longitud hasta conectar con una subestación situada en Las Abiertas de Caulina. Precisamente, la línea de evacuación propició el mayor número de alegaciones durante el proceso de concesión de la autorización administrativa previa por su disconformidad con el trazado propuesto por las afecciones que podrían suponer. Sin embargo, los planteamientos alegados tanto por la Asociación de Propietarios de Caulina Sur como de la Comunidad de Regantes de Guadalcacín fueron rechazados.

Únicamente se ha aceptado que la línea de evacuación tenga una profundidad de unos 1,2 metros —inicialmente iba a ser de un metro—. El motivo que la Comunidad de Regantes alegaba es que hay labores agrícolas que se realizan con arados de vertedera que profundizan en torno a 80 centímetros, además de que muchas de las fincas afectadas cuentan con tuberías de drenaje de regadío que están un metro bajo tierra aproximadamente.

Una vez recibidas las autorizaciones administrativas previas, el promotor tendrá que solicitar la declaración de utilidad pública de las instalaciones, así como la licencia de obras.

Más renovables al sur de Jerez

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ha concedido la autorización ambiental para la construcción de otra planta fotovoltaica en el paraje de Roalabota —en este enclave de la zona sureste de Jerez hay ya operativas dos instalaciones solares y otras dos eólicas—. Este nuevo parque, que tendrá una potencia instalada de 46,2 megavatios, ocupará unas 134 hectáreas repartidas entre cuatro parcelas registrales situadas entre los cortijos de Roalabota y Frías, así como en el paraje de la antigua Viña El Calvario.

El promotor de estas instalaciones es una sociedad vinculada a Aldesa, una firma especializada en la construcción de infraestructuras y gestión de activos renovables y que desde hace años ya explota dos parques eólicos en el término municipal jerezano.

Teniendo en cuenta que parte del proyecto se contempla dentro del área de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad (IBA) Lagunas de Medina y de Puerto Real, de relevancia para las aves acuáticas invernantes y no reproductoras y también para la dispersión de águila imperial ibérica, la administración autonómica ha establecido una serie de condicionantes y de medidas, que se unen a las ya planteadas por el promotor en su estudio de impacto ambiental.

Entre las compensatorias establecidas por el organismo medioambiental se exigirá al propietario que cree una reserva ecológica para aves (fundamentalmente destinada a esteparias y águila imperiel ibérica) y quirópteros en un emplazamiento que determine, siempre y cuando esté a una distancia mínima de un kilómetro de cualquier parque eólico. El conjunto de medidas ambientales tendrá un valor de unos 600 euros al año por hectárea de planta fotovoltaica instalada.

Al contar ya con el beneplácito ambiental, continúa adelante para obtener la autorización administrativa previa.