El Ayuntamiento de Jerez solicitará al Ministerio de Hacienda un préstamo de 28,5 millones de euros para poder atender pagos obligados por procedimientos judiciales. Este importe se sumará a los 9,4 millones de euros que el Consistorio ya tenía previsto pedir también para el año próximo al denominado fondo de ordenación, la línea de crédito que la administración central tiene habilitada para ayudar a las entidades locales con problemas financieros (el importe total superará los 38 millones).

La propuesta deberá aprobarse en una sesión del pleno municipal convocado para este lunes, día 19, a partir de las nueve de la mañana. Por un lado, se contempla la solicitud de 28,2 millones para el pago de una serie de obligaciones que tiene el Ayuntamiento con algunas empresas concesionarias y particulares que están ratificadas por sentencia judicial (ya sea firme o no) o están inmersas en procedimientos que aún están pendientes de pronunciamiento. Y a esto se suma unos 300.000 euros de la regularización de una operación crediticia con una entidad bancaria que estaba en vía contenciosa.

Con este préstamo, se pretende liquidar los pagos de una veintena de procedimientos judiciales, la mayoría con Urbaser, la anterior empresa concesionaria de la limpieza pública, a la que se abonará unos 18,6 millones de euros. Mientras, a la actual prestataria de este servicio (la UTE conformada por FCC y Cointer) se le transferirán unos 7,9 millones. También se liquidará un pago a la firma OHL Servicios y el resto a una serie de particulares.

A preguntas de este periódico, la delegada de Economía, Laura Álvarez, señaló que, en un principio, el adeudo con Urbaser se pretendió liquidar con un plan de pago a proveedores al que el Ayuntamiento se acogió a mediados de este año, aunque la empresa optó por esperar a un pronunciamiento del juzgado ya que sostenía que el importe era mayor al que le reconocía la parte municipal. Sin embargo, según Álvarez, la justicia ha acabado dando la razón al Consistorio por lo que se procederá a su abono mediante esta fórmula, unos pagos que permitirá dejar a cero el débito con esta compañía.

Mientras, la delegada apunta que el adeudo con la actual gestora del servicio de limpieza se ha generado ante la obligatoriedad de atender primero los pagos con la anterior concesionaria. No obstante, aseguró que en estos años se han ido abonando las cantidades correspondientes a los sueldos de los trabajadores y se han pospuesto “otros conceptos”.

Desde 2015, en torno al mes de septiembre, el Ayuntamiento tiene que remitir al Ministerio de Hacienda una propuesta de adhesión al fondo de ordenación que le permite atender sentencias judiciales, pagar préstamos que tiene vigente y devoluciones de importes ingresados de más del Ayuntamiento, entre otras obligaciones. Inicialmente, la Delegación de Economía estimó que requeriría de unos 9,7 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, ahora se han incorporado las deudas por sentencias judiciales, la mayoría con fallos firmes desde 2020 y 2021 y el resto en fase de recurso o con otros procedimientos judiciales sin pronunciamiento.

La delegada de Economía señaló que esta operación crediticia permitirá también una ostensible reducción del periodo medio de pago a proveedores que, según el último dato publicado por el Ayuntamiento (correspondiente al mes de julio) estaba en 380 días. Álvarez reiteró que esta magnitud está “penalizada” por la antigüedad de los adeudos con Urbaser, de ahí que asegure que a día de hoy el Consistorio “está pagando en un plazo de 30 a 45 días”. “Un ejemplo, todas las facturas de julio están pagadas”, aseveró.