Entre otros asuntos, la sesión del pleno municipal que se celebrará este jueves abordará una propuesta presentada por la Delegación de Urbanismo para que no se admita un recurso de alzada presentado por una sociedad mercantil donde le recrimina al Ayuntamiento no haber recibido respuesta a las alegaciones que ha presentado a la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que pretende regularizar y desarrollar los terrenos de Montealegre Alto. Tras un informe jurídico, se alega por parte del Ayuntamiento que las respuestas recibidas a la propuesta de ordenación aún continúan siendo analizadas a nivel técnico.

Fue en abril del año pasado cuando se aprobó de manera inicial la modificación del ordenamiento municipal de este sector que se extiende a lo largo de 1,6 millones de metros cuadrados junto a la Carretera de Medina (A-2004). Esta es la solución jurídica que se le quiere dar a este enclave una vez que el Tribunal Supremo tumbó en 2014 los instrumentos de planeamiento que se habían tramitado para la regularización y desarrollo de estos suelos.

No obstante, no fue hasta el pasado mes de febrero, según obra en el expediente que se lleva al pleno municipal, cuando concluyó el periodo de exposición pública de este documento  tras haberse realizado las notificaciones a todos los propietarios del ámbito. Por lo tanto, para rechazar el recurso de alzada presentado por una mercantil, se alega que el departamento de planeamiento del Ayuntamiento continúa con la “tramitación del expediente administrativo” para la resolución de las alegaciones presentadas y, de este modo, poder proceder a una posterior aprobación definitiva del cambio del planeamiento.

La sociedad alegante presentó un recurso de alzada a mediados del mes de abril señalando que, a su entender, ya han transcurrido los plazos de respuesta establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo. En cambio, los servicios jurídicos municipales consideran que en este momento de la tramitación no cabe la presentación del recurso por lo que plantea su inadmisión, propuesta que es la que se eleva a pleno.

El desarrollo urbanístico de estos suelos ha sido bastante tortuoso. Declarados urbanizables en 1995, en 2008 se firmó un convenio urbanístico para su desarrollo. Con posterioridad se aprobó el correspondiente plan especial y los proyectos de urbanización y reparcelación. Sin embargo, un grupo de propietarios recurrió ante la justicia esta ordenación. Fruto de ello, en 2014, el Tribunal Supremo anuló el plan especial y, por ende, el resto de figuras urbanísticas aprobadas.