El PSOE ha acusado al gobierno municipal de haber puesto “en peligro” el pago de las nóminas a los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez tras haber tenido que aprobar en un pleno celebrado este miércoles una modificación presupuestaria para cubrir los gastos de personal hasta final de año. En una comparecencia pública, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, aseveró: “Otra vez vuelve a gobernar el Partido Popular, otra vez vuelve a tener problemas de pagos de las nóminas, los siguientes serán las empresas”.

El representante socialista acusó al gobierno local de llevar a cabo una gestión de “despilfarro, el derroche, el gasto sin control y de falta de gestión”, ya que, a su juicio, "tenemos una alcaldesa, presidenta de la FEMP y senadora, que está más tiempo en Madrid que en Jerez, no está en nuestra ciudad, parece que tiene una casa piloto en Madrid”.

Díaz aseguró que durante los ocho años de gobierno del PSOE “se han pagado las nóminas con normalidad”, pero, “en tan sólo seis meses de gobierno de Pelayo ha puesto en peligro la nómina de la plantilla municipal de diciembre y para el año que viene”. Acto seguido el edil preguntó: "¿Se están pagando favores o promesas electorales?”.

La formación socialista votó en contra de la modificación presupuestaria que el ejecutivo llevó a un pleno extraordinario celebrado este miércoles. Este posicionamiento lo justificó el portavoz de esta formación argumentando la “inseguridad jurídica” del acuerdo. Así, Díaz mostró sus “dudas” de que buena parte de las gratificaciones y productividades que se abonarán con la modificación presupuestaria se realice con el fondo de contingencia “porque entendemos que se dan los supuestos de previsibilidad y discrecionalidad”.

Así, hizo referencia al informe de la Intervención Municipal donde de apunta que es "discutible” e “interpretable” esta financiación. Incluso, aseguró que el alto funcionario ha advertido de que emitirá un informe “desfavorable en el caso de pagar sin crédito presupuestario las amortizaciones de deuda comprometida en el acuerdo secreto entre el Gobierno de Pelayo y Hacienda, a raíz de insinuaciones e intenciones de la alcaldesa”.