El pasado fin de semana, el gobierno municipal informaba de que se había detectado una parcelación ilegal en unos terrenos de unos 20.000 metros cuadrados en Pinosolete. No en vano, la parte este de la ciudad es un punto caliente del urbanismo ilegal en el término municipal jerezano. Sin embargo, no es el único.

El Ayuntamiento asegura que desde principios de año está llevando a cabo una campaña de inspección con actuaciones disciplinarias en Majada Alta, en Estella, en el entorno del Aeropuerto y en la colonia de Caulina. Sin embargo, hay un enclave que tiene una situación especialmente compleja y donde la actividad constructiva no ha cesado en los últimos años. Es el Puente de la Guareña, un núcleo próximo a La Barca de la Florida.

A finales de los setenta del siglo pasado, este diseminado empezó a ser un pequeño grupo de viviendas donde habitaban personas vinculadas a la actividad agrícola. Sin embargo, a partir de la década de los noventa, pero especialmente con la llegada del nuevo siglo, se detectó que el núcleo originario fue extendiéndose con nuevas edificaciones, muchas de ellas con nuevos residentes que ya no estaban tan vinculados al campo.

De este modo, el enclave primigenio a ambos lados de la carretera se fue agrandando en dirección norte por la cañada del León para luego continuar por la vía pecuaria de Cuartillos formando una extensión en forma de cruz que ha hecho del Puente de la Guareña uno de los diseminados más grandes del término municipal jerezano. Se ha extendido tanto en dirección oeste que, de hecho, está casi unido al núcleo de viviendas de la estación depuradora de Cuartillos. También pasa lo mismo al lado este, con edificaciones próximas al núcleo de Magallanes.

Los últimos registros oficiales, que datan de principios de esta década, apuntan que en este enclave había unas 170 edificaciones, un número que se ha incrementado notablemente en los últimos años según las fuentes consultadas. Ahora bien, el número de censados en Puente de la Guareña es de 275 habitantes, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos correspondientes al padrón de 2019.

Este bien podría ser un diseminado ilegal más de los que hay en el término municipal jerezano, pero este cuenta con una peculiaridad que también tiene algún que otro núcleo: muchas de las parcelaciones se han realizado usurpando terreno de una vía pecuaria. Esto ha provocado que fuera al traste el intento que hubo a principios de década de regularizar en parte su situación.

En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que data de 2010, se estableció que este núcleo fuera catalogado como hábitat rural diseminado, una figura que recoge la normativa urbanística andaluza y que permite que asentamientos de este tipo, aunque se mantengan en suelo no urbanizable, tengan una cierta cobertura legal y les permita realizar algunas intervenciones de conservación y acceder a los suministros.   

Uno de los viales de La Guareña.

En 2013 se redactó un plan especial de la zona que contó con el apoyo de los propietarios del enclave. Sin embargo, este no pudo terminar de tramitarse debido precisamente a que era obligatorio darle solución a la ocupación de parte de las cañadas (una de ellas, además, está en parte asfaltada desde hace bastantes años). El PGOU establece como solución alternativa a esta usurpación un recorrido alternativo para la vía pecuaria. 

A día de hoy, y a pesar de los compromisos tanto del PSOE como del PP a nivel andaluz de promover cambios normativos para permitir regularizaciones a pesar de haberse realizado usurpaciones de suelo público (con asistencia de políticos y de propietarios al Parlamento andaluz incluida), no hay posibilidad de legalización a día de hoy.

Ahora bien, fuentes consultadas inciden en su preocupación no solo por la extensión que este enclave rural está adoptando sino porque la actividad urbanística ilegal está viniendo aparejada en algunos casos de otros hechos delictivos. Un conocedor de la zona que pide quedar en el anonimato lo resume: “Aquello se parece cada día más a El Zabal”, en referencia al núcleo situado a las afueras del municipio de La Línea.

En el último año se han realizado dos operaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que acabaron con la aparición de varios cultivos de droga en el interior de viviendas. La última fue el pasado mes de noviembre donde se hallaron 293 plantas de cannabis y 723 gramos de droga ya preparada para su venta directa. Meses antes, en otra intervención, se localizaron 253 plantas.

Estas intervenciones han encendido las alarmas sobre la deriva que pueda estar tomando este núcleo que nació con una vinculación agraria y que con posterioridad mutó, como otros muchos, en un sinfín de chalés al albur de la ‘parcelita’.

Este medio preguntó al Ayuntamiento si ha iniciado expedientes sancionadores por la proliferación de construcciones en esta zona sin obtener respuesta.