Esta semana se han celebrado las cuatro primeras de las sesiones del juicio en la Audiencia Nacional contra la familia Ruiz-Mateos por los pagarés de Nueva Rumasa. Hasta el momento, ya han declarado los seis hijos varones, un sobrino del empresario que era administrador de algunas sociedades y el exabogado de la familia Joaquín Yvancos, este último como responsable a título lucrativo.

El resto de acusados, entre los que están empleados de Rumasa y representantes de las empresas a las que se les vendieron las sociedades antes de liquidarlas, han optado por no declarar, aunque podrán hacerlo una vez practicada la prueba, es decir, una vez se tome declaración a testigos y peritos.

Está previsto que la vista oral se alargue durante varias semanas. Fuentes jurídicas consultadas por este medio hablan, incluso, de que pueda alargarse dos meses, aunque a día de hoy únicamente están señaladas las comparecencias de la próxima semana mientras que la de las posteriores se establecerán conforme avancen las declaraciones. A partir del lunes están citados algunos de los responsables civiles subsidiarios procesados y se iniciará la comparecencia de testigos, peritos y agentes policiales que llevaron a cabo la investigación.

Fue en mayo de 2011 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 inició la investigación que acabó con un auto en abril de 2017 donde se decretaba la apertura de juicio oral. La vista oral iba a desarrollarse inicialmente en 2022 pero acabó posponiéndose. Dado el elevado número de acusados (15 concretamente), responsables civiles subsidiarios (58 sociedades del ‘holding’), nueve partícipes a título lucrativo (las hijas del empresario y el abogado de la familia) y las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y 50 acusaciones particulares entre personas físicas y jurídicas), las sesiones se están desarrollando en una sala para macrojuicios de la sede que tiene la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

¿Qué se investiga en esta causa?

En el auto de apertura del juicio oral, se relata que Nueva Rumasa era un conglomerado de numerosas sociedades (la investigación no ha logrado concretar un número aunque estima que ha localizado unas 445 aproximadamente). La mayoría de estas mercantiles estaban en manos de otras sociedades extranjeras, generalmente domiciliadas en paraísos fiscales como Belice, Panamá o Países Bajos donde figuraban representantes y “testaferros”, aunque los dueños finales eran la familia Ruiz-Mateos.

Aunque legalmente no era un grupo empresarial, su gestión se hacía como una empresa única, disponiendo la tesorería total en función de las necesidades, incluidas las sociedades patrimoniales que tenían como activos las viviendas donde residían.

Sin embargo, en 2009, la situación económico financiera de Nueva Rumasa era muy delicada ante la dificultad de acceder a la financiación bancaria se ideó un sistema de captación de fondos para invertir en sus empresas más conocidas a cambio de “elevados intereses y mostrar una imagen de solvencia y bonanza empresarial” que no era real —se estimaba entonces la deuda del grupo en unos 577 millones de la que casi 200 debía devolver ese año—. La fórmula utilizada era préstamos retribuidos con altos intereses (entre el 6 y el 12%) cuya devolución se garantizaba con pagarés y otros avales de sociedades del grupo.

Según la investigación, Nueva Rumasa pudo ingresar, al menos, unos 337 millones de euros. De estos dejó de devolver unos 289 millones aproximadamente.

Los hijos de Ruiz-Mateos

Los principales acusados son los seis hijos varones del empresario (Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso) para los que las Fiscalía les pide 16 años de prisión por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El juez instructor y el ministerio fiscal consideran que los seis fueron creadores junto a su padre y al abogado Manuel Sánchez Marín de este mecanismo de financiación.

De hecho, el juez instructor considera que no solo fueron participantes activos de este sistema, sino que, incluso, dieron “órdenes” de que no se pagaran ni los intereses ni lo capitales vencidos en las letras de cambio y se continuara con la captación de fondos a pesar de que los prestamistas empezaban a hacer las primeras reclamaciones.

Por el contrario, los hijos han negado esta implicación señalando que todo fue ideado por su padre, quien controlaba y tenía centralizada la toma de decisiones en todas las empresas del grupo. "El consejo de administración de Nueva Rumasa era mi padre y su espejo", apuntó un hijo durante el juicio. 

Asimismo, en sus declaraciones y a preguntas de sus defensas, todos han coincidido en comprometerse a devolver los importes pendientes una vez perciban la indemnización por la expropiación de la vieja Rumasa tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha ordenado al Estado a recalcular el justiprecio por el ‘holding’ intervenido tras un recurso presentado años atrás por su madre, Teresa Rivero.

En la vista oral también se encuentran como partícipes a título lucrativo (figura que establece que no no tienen responsabilidad en el hecho delictivo pero sí podrían haberse beneficiado de sus efectos).

Los primos de los Ruiz-Mateos

También están sentados en el banquillo Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, sobrinos del matrimonio Ruiz-Mateos Rivero. Ambos, hombres de confianza del empresario, se les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para los que pide 15 años de prisión.

Zoilo Pazos, aunque residía en Murcia, era administrador y apoderado de algunas de las principales empresas del grupo. Además, tenía poderes para disponer de fondos de las principales cuentas del grupo que tenía en el Banco Etxeverría, donde se centralizaban los ingresos que obtenía el grupo y posteriormente se redistribuían entre el resto de sociedades —actuaba como caja única—. Mientras, Alfonso Barón Rivero era el encargado de las inversiones en el extranjero. Para el juez instructor, tuvo un papel relevante en la venta de las sociedades del grupo a Ángel del Cabo con el objetivo de ocultar el patrimonio familiar.

En su declaración durante el juicio, Zoilo Pazos, que actualmente permanece en prisión, negó ser responsable de la gestión de las empresas en las que ocupaba cargo y que dispusiera de fondos de las cuentas. De hecho, señaló que, aunque su firma apareciera, incluso, en algunos pagarés, él desconocía qué firmaba, aunque lo hizo porque él tenía una enorme confianza en su tío —”yo le he firmado hasta folios en blanco”, dijo en un momento de la vista oral. Por su parte, Alfonso Barón se acogió a su derecho a no declarar en este momento del juicio, aunque podrá hacerlo más adelante.

Uno de los anuncios de Nueva Rumasa publicados en 2009.

El jefe de Nueva Rumasa en Madrid

Otro de los principales acusados es Manuel Sánchez Marín, abogado y jefe de administración de Nueva Rumasa. El juez instructor lo considera uno de los creadores del mecanismo de financiación de los pagarés junto a José María Ruiz-Mateos y sus hijos. Asimismo, le atribuye que fue el que ideó el sistema de distribución de fondos entre las distintas cuentas del grupo con los ingresos obtenidos de los prestamistas.

Fiscalía le atribuye los delitos de estafa y blanqueo de capitales por lo que pide 12 años de prisión. En el juicio rehusó a declarar, aunque tendrá posibilidad de hacerlo más adelante. 

El ‘banquito’ de Jerez

El llamado ‘banquito’ de Jerez era el centro de operaciones del grupo en la ciudad y, en los años investigados, también se dedicó a captar fondos para las emisiones de las sociedades del grupo. Ubicado inicialmente en una oficina de la calle Porvera, en sus últimos años se trasladó a la calle Pizarro.

Hasta 2010, José Ramón Romero López estuvo al frente de esta oficina y posteriormente fue sustituido por Rufino Romero de la Rosa. En él también trabajaba Ricardo Álvarez Castaño —para el primero el fiscal pide 12 años de prisión y para los otros dos, siete—. El auto del Juzgado Central detalla que José Ramón Romero y Ricardo Álvarez, a pesar de conocer “la insuficiencia patrimonial de estas sociedades, [...] informaban periódicamente a los hermanos Ruiz-Mateos de los inversores captados y de las entradas de fondos para que acordasen lo procedente sobre su destino y remitían la documentación de las inversiones al despacho de Manuel Sánchez Marín". Mientras de Rufino Romero señala que “siguió captando fondos de los inversores a sabiendas de la imposibilidad de su devolución”.

Ninguno de los tres ha declarado, por el momento, en la vista oral, acogiéndose a su derecho a hacerlo una vez concluya la prueba.

Los liquidadores

Los tres últimos acusados son Ángel de Cabo Sanz, Juan Lavernia Sanchís e Iván Losada Castell, responsables de las empresas que compraron las sociedades de Ruiz-Mateos para, según la Fiscalía, controlar los concursos de acreedores y, con ello, el patrimonio de la familia. Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno de ellos.

Según el auto de apertura de juicio oral, el acuerdo entre los Ruiz-Mateos y De Cabo consistía en que tratara de salvar “el mayor patrimonio posible resultante de su liquidación en los procedimientos judiciales ya en curso o tramitados en el futuro, patrimonio del que entregaría el 80 % de su valor a los hermanos Ruiz-Mateos y a su madre”, mientras que el resto se lo adjudicaría él.

Por el momento, los tres han optado por no declarar.