La diputada socialista Eva Bravo presentará un recurso contra el proceso de estabilización de empleo iniciado por la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa, de la que es trabajadora desde hace casi 20 años. Considera que el procedimiento emprendido por el gobierno local socialista es discriminatorio al entender que no cumple con las determinaciones de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada a finales del año pasado por el Gobierno central. 

Este medio ya avanzó en la tarde del pasado miércoles la denuncia realizada por Bravo sobre la presunta ilegalidad de este procedimiento. La diputada forma parte de la plantilla de la sociedad municipal desde 2003 y llegó, incluso, a ocupar el puesto de gerente con la llegada al gobierno del Ayuntamiento en 2015 hasta que fue elegida representante en Cortes. Actualmente se encuentra en situación de excedencia forzosa por desempeño de cargo público.

El pasado 27 de mayo, el consejo de administración de Emuvijesa aprobó el proceso de estabilización para siete plazas, aunque en la actualidad la sociedad municipal cuenta con una veintena de personas en su plantilla. Este procedimiento, cuyas plazas serán ocupadas mediante concurso de méritos, también se está realizando en el Ayuntamiento y en otras empresas y fundaciones municipales. Según las fuentes consultadas por este medio, en el procedimiento de la mercantil de vivienda se ha determinado que son siete las plazas que cumplen con los requisitos que establece la Ley. Mientras, para el resto no es necesario llevar a cabo un concurso de méritos dado que la misma ley ya los considera como puestos fijos. 

Sin embargo, Bravo denunciaba días atrás que el proceso emprendido por la empresa municipal se está realizando con “despotismo” pues solo va a beneficiar a “algunos privilegiados”. Incluso, apuntaba que este proceso podría suponer un “ERE encubierto” dado que, a su entender, no se está cumpliendo con la normativa. “La ley es muy clara: estabilizar las plazas de los trabajadores que lleven más de tres años en su puesto y no despedir a trabajadores indefinidos con experiencia de 20 años o más cómo está ocurriendo”, señalaba días atrás.

Este medio ha podido saber que la diputada está ultimando un recurso que presentará contra el acuerdo adoptado por el consejo de administración de Emuvijesa, que contó con los votos en contra de los representantes de PP y Ciudadanos y la abstención de Ganemos. No en vano, asistentes a la reunión confirmaron que durante el debate de este asunto se abordó que Bravo había enviado previamente un escrito a la alcaldesa y mensajes de teléfono móvil al gerente de la mercantil, Antonio Sánchez, Mato, donde ponía en duda la legalidad del procedimiento. Algunos grupos pidieron que la propuesta quedara sobre la mesa, aunque finalmente se aprobó dado que debía de aprobarse obligatoriamente antes de finales del pasado mes.

A finales de mayo se fueron publicando en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una serie de ofertas de empleo público extraordinarias realizadas tanto por el Ayuntamiento de Jerez como por sus empresas y fundaciones municipales, además de las entidades locales autónomas. Esta convocatoria extraordinaria es fruto de una Ley aprobada a finales de año por el Gobierno central para reducir la temporalidad en las plantillas de las administraciones públicas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determinó que los organismos públicos españoles abusaban de la figura de los interinos para cubrir puestos que son estructurales en sus plantillas.

El Ayuntamiento cuenta con un importante número de trabajadores indefinidos que, según el Estatuto del Empleado Público, son "no fijos". Así, tras la aprobación de la oferta pública, se tendrán que publicar antes de que acabe el año las bases que regularán cada uno de los concursos de méritos. La ley establece que estas plazas deberán estar cubiertas antes de que finalice 2024. 

Por el momento, ninguna de las dos partes se ha pronunciado públicamente. La diputada declinó realizar declaraciones por el momento; mientras, el gobierno local no ha contestado aún a la petición realizada el pasado jueves por este medio.

Por otro lado, este viernes, el medio digital The Objective publicaba que el PSOE va a destituir a Bravo como portavoz de vivienda en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso tras sus afirmaciones contra el ejecutivo local por el procedimiento de estabilización emprendido en Emuvijesa. Por el momento, según las fuentes consultadas, esta decisión no le ha sido comunicada de manera oficial a la diputada jerezana.