El ministro de Agricultura, Luis Planas, mostró en una visita reciente a Jerez su confianza en cerrar antes del 30 de junio el acuerdo político de la reforma de la PAC, ratificado el lunes por los Veintisiete. Lo que no anticipó Planas es que, al recorte presupuestario del 13% para España, que finalmente percibirá 47.724 millones de euros -cinco mil millones anuales en pagos directos a cerca de 700.000 agricultores y ganaderos-, acompañará un incremento de los costes para los productores, derivado sobre todo de la vinculación del 25% de estas ayudas directas a los ecoesquemas.

“La negociación de la reforma comenzó mal para España por el recorte y se constata que hay más ambición climática, más política verde con números rojos para los agricultores”, significa el presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, quien alerta de que “vamos a ser jardineros dependientes del exterior”, porque “se quiere unir la PAC con el Pacto Verde Europeo a expensas de la producción”, y eso supone que “vamos a ser menos competitivos y vamos a importar más productos de fuera”.

La organización agraria, integrante del frente común del campo andaluz contra los recortes de la PAC, se muestra especialmente crítica con la introducción de los pagos verdes para el desarrollo de una producción más sostenible y respetuosa con el cambio climático, es decir, los ecoesquemas que obligarán a los agricultores a aplicar ciertas prácticas si quieren cobrar el 25% de las ayudas directas.

“Nos piden hacer más con menos dinero, gastar más con menos ayudas, algo imposible con los precios agrarios actuales”, asegura Luis Ramírez, secretario general de Asaja-Cádiz, quien da por hecho que el sobrecoste de esta medida, a falta aún del acuerdo entre el Gobierno con las comunidades autónomas para determinar qué prácticas medio ambientales darán acceso a esos pagos directos –se habla de nueve ecoesquemas y Asaja teme que algunos sean de difícil cumplimiento–, acabará repercutiéndose en el bolsillo de los consumidores a través del precio de los alimentos.

Asaja critica la introducción de los ecoesquemas por el coste adicional que implica para agricultores y ganaderos

A falta de un estudio de impacto de la UE –las filtraciones recibidas por el sector apuntan a la existencia de dicho estudio, sólo que se ha guardado en un cajón al ser contrario a los intereses de las autoridades europeas–, Asaja tira del elaborado por Estados Unidos, que según Pedro Gallardo, “nos dice que Europa producirá un 12% menos y los ingresos agrarios brutos se reducirán un 16%”, lo que se traducirá para los ciudadanos en “un incremento del coste en alimentación per cápita de 125 euros al año, por lo que en una familia de cuatro miembros serán 500 euros/año”.

Frente a la creencia extendida de que el dinero de la PAC va al bolsillo de los agricultores, el presidente de Asaja-Cádiz asegura que, “en realidad, va al bolsillo de los ciudadanos”, toda vez que recuerda que sin estas ayudas, que complementan las rentas agrarias y sin las que la actividad sería inviable, el precio de los alimentos sería muy superior y no estaría al alcance de muchas familias.

Al margen de los ecoesquemas, Asaja-Cádiz muestra su preocupación por el denominado pago redistributivo, que también establece una ayuda adicional del 10% en función de los derechos de los agricultores para las primeras hectáreas, sin que se haya determinado aún el límite de la superficie. Según Ramírez, “Parece ser que no se va a limitar el número de hectáreas, pero estamos con la Junta en limitar al 7% este pago como se ha hecho en otros países como Alemania”.

A expensas de la negociación final entre el Gobierno y las comunidades autónomas, lo que para el ministro es “un buen acuerdo”, para Asaja no deja de ser una reforma viciada desde el principio y con algunos flecos aún por cerrar que determinarán el recorte final que sufrirán los agricultores y ganaderos andaluces.