El bufete sevillano Martínez Escribano no llevará finalmente la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Jerez. Su propuesta ha sido retirada tras haber sido elegida en un primer momento al no cumplir con todos los requisitos exigidos por lo que será la segunda empresa con mejor puntuación en el proceso de licitación, la firma Sanguino Abogados, a la que se encomiende esta prestación. Se da la circunstancia de que este despacho de letrados, también sevillano, lleva la defensa letrada municipal desde 2017.

A finales del pasado mes de marzo, la junta de gobierno local aprobó la adjudicación a Martínez Escribano Abogados y Economistas del servicio para la defensa y representación jurídica del Consistorio hasta 2025 por un importe de unos 212.000 euros aproximadamente. Tras esta decisión, se le instó a que presentara una serie de documentación.

Sin embargo, la mesa de contratación comprobó que no había enviado toda la documentación requerida por lo que dio un plazo de tres días para que subsanara el expediente. Concluido este plazo, este órgano analizó que no cumplía con todos los condicionantes reclamados. Así, se advertía de que no había quedado acreditado que la letrada propuesta como directora formara parte de la estructura organizativa del bufete. Por este motivo, a finales del pasado mes, se acordaba la retirada de la oferta por esta circunstancia y se le estableciera una penalidad de algo más de 10.000 euros. Asimismo, se proponía adjudicar la prestación a la segunda mejor oferta, la de Sanguino Abogados, de la licitación.

El proceso de adjudicación del servicio de asesoría jurídica, que lleva externalizado desde 2017, se ha retrasado más de lo inicialmente previsto. De hecho, el ejecutivo municipal ha tenido que prorrogar hasta en dos ocasiones el contrato que mantiene desde hace cinco años con la firma Sanguino Abogados debido a los distintos problemas que ha tenido esta licitación. Cada mes de ampliación ha tenido un coste de unos 7.058 euros mensuales.

Fue a principios del pasado mes de enero cuando se inició la licitación de este servicio ya que el gobierno municipal sostiene que el Ayuntamiento no cuenta con suficientes funcionarios con el título de licenciado en Derecho para poder afrontar los numerosos procesos judiciales que tiene que hacer frente el Consistorio cada año (el año pasado se superaron las 400, según datos del Ayuntamiento). Incluso, en el informe de justificación de la licitación se argumenta que al Ayuntamiento le resulta más barato contratar este servicio que tener a seis letrados en plantilla.

Sin embargo, días después de abrirse el plazo de presentación de ofertas, el procedimiento se anuló por unos errores y omisiones que se detectaron en los pliegos de condiciones que lo regulaban. Así, además de unas diferencias que había en el expediente sobre el tiempo de la duración del contrato, no se recogía el coste total del servicio puesto que no se habían tenido en cuenta la parte de las costas judiciales que tendría derecho a percibir el bufete que resultara elegido. Esto provocó, incluso, que el Partido Popular presentara una solicitud de suspensión del procedimiento ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía.

Tras esto, el gobierno municipal ordenó la suspensión del procedimiento y procedió a rectificar el pliego en los mismos términos que el PP había denunciado ante el órgano fiscalizador de la contratación pública en la comunidad autónoma. Y a finales de marzo adjudicó la prestación a Martínez Escribano, que ya había llevado la asesoría en materia de recursos humanos del Ayuntamiento, aunque posteriormente ha tenido que declarar la retirada de la oferta e iniciar los trámites para adjudicársela al segundo mejor licitador.

La propuesta económica de Sanguino Abogados es de unos 217.000 euros por la prestación de este servicio.