El gobierno local ha prorrogado durante un mes el contrato que el Ayuntamiento de Jerez mantiene con el despacho de abogados liderado por Ernesto Sanguino para que lleve la representación jurídica municipal. Este acuerdo viene motivado ya que aún no ha concluido el procedimiento de licitación de este servicio durante los cuatro próximos años. El bufete que prestará este servicio es el de Martínez Escribano, pero aún quedan algunos trámites administrativos para ratificar

Este lunes se reunió la junta de gobierno local en una sesión extraordinaria donde, entre otros asuntos, se aprobó una nueva prórroga del contrato que el Ayuntamiento mantiene con Sanguinos Abogados, en este caso por un mes. El coste será de unos 7.058 euros, impuestos incluidos.

A principios de mes, la mesa de contratación conformada para este procedimiento determinó que la oferta con mejor puntuación de las 11 firmas que se presentaron a la licitación era la de Martínez Escribano Abogados y Economistas. Este bufete, cuya sede central se encuentra en Sevilla, asumirá la gestión de la representación jurídica del Ayuntamiento hasta 2025 por un importe que rondará los 212.000 euros.

Sin embargo, aún queda por ratificarse la adjudicación en una junta de gobierno local pues restan los últimos trámites que marca la normativa de contratación. Por este motivo, y para evitar que este servicio se quedé vacío hasta el desembarco de Martínez Escribano, se ha realizado un proceso de contratación menor pues el vigente contrato, que ya había sido prorrogado en 2020, finalizaba este miércoles.

La licitación de este servicio jurídico se puso en marcha a principios de enero; sin embargo, en febrero tuvo que anularse y volverse a convocar por unos errores en los pliegos de condiciones que llegaron a ser puesto en conocimiento del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía por parte del Partido Popular.

El despacho de abogados Martínez Escribano ha planteado como mejoras a su contrato que podrá a disposición del Ayuntamiento más letrados de los seis exigidos en el pliego de condiciones. Además, se compromete a reducir a ocho horas el tiempo de respuesta a las consultas jurídicas que le realicen los servicios municipales y renuncia al cobro de las costas judiciales a las que el Ayuntamiento tenga derecho (se les ofrecía la posibilidad de percibir hasta un máximo del 50% de estos importes).