La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía ha sacado a subasta recientemente un total de 23 inmuebles de su propiedad. Tal como han detallado desde la Administración andaluza, su venta se llevará a cabo por el sistema de doble subasta. Es decir, se tramitarán dos subastas sucesivas, tenido la segunda un tipo de licitación reducido de un 25% respecto de la primera. Los licitadores podrán concurrir a una de las dos subastas y la segunda se celebrará únicamente en caso de quedar desierta la primera. Los interesados podrán para presentar su oferta en un sobre cerrado hasta el próximo 17 de mayo.
Entre los inmuebles anunciados se encuentra la antigua Residencia de Trabajo ‘La Barca de la Florida’, ubicada en el paraje Vega de la Florida de esta entidad local autónoma. La finca saldrá en primera subasta por 68.943,22 euros y, en segunda, por 51.707,42 euros.
Se da la circunstancia de que no es la primera vez que la Junta intenta vender estas instalaciones. De hecho, ya a finales de 2014 la Consejería de Hacienda sacó a subasta el antiguo edificio del Instituto de Colonización por 144.750 euros, pero la oferta quedó desierta. En esta ocasión, el nuevo precio supone una reducción de más del 50% del precio ofertado hace menos de ocho años.
Tal como se especifica en las condiciones de la subasta, la parcela forma parte del suelo clasificado como no urbanizable de especial protección por planificación urbanística “regadíos” por el PGOU. Por ello, se detalla que en el suelo no urbanizable, además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas, no podrán realizarse otras edificaciones que las destinadas “a explotaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, cinegéticas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las edificaciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas”.

Interior de las instalaciones, dañadas por distintos incendios.
No obstante, “excepcionalmente podrán autorizarse edificaciones e instalaciones que tengan la consideración de Interés Público que hayan de emplazarse en el medio rural en lugares y condiciones que no exista posibilidad de formación de núcleo de población. Dichas actuaciones, cuando puedan admitir una localización alternativa deberán justificar, en la solicitud de la licencia, la idoneidad de la ubicación elegida respecto a otras localizaciones posibles, teniendo en cuenta los criterios de selección del emplazamiento los aspectos ambientales”.
Desde la Junta se consideran usos realizables en este ámbito, “los propios extractivos, agrarios, forestales, ganaderos, usos primarios, medioambientales; la implantación de infraestructuras; y los que tengan interés publico”.
Características
La finca que saldrá a subasta tiene una superficie aproximada de setenta áreas y el edificio, la antigua Residencia de Trabajo, consta de una torre de dos plantas y mirador. Además, cuenta con un vestíbulo, comedor-estar, seis dormitorios y dos para servicios, cocina, oficio, lavadero, despensa, cuarto de baño y tres cuartos de aseo, despacho, cuadra y garaje, todo ello en planta baja. Por otra parte, en la segunda planta, comunicando con el despacho, existe un cuarto trastero y encima una terraza cubierta. En total, la superficie edificada es de casi 400 metros cuadrados en planta baja y la superficie cubierta más de 400 metros cuadrados.
Historia
La antigua Residencia de Trabajo, que sale ahora a subasta por segunda, vez forma parte de la historia de la entidad local de La Barca, cuya fundación está ligada a la reforma agraria franquista de finales de los años cuarenta. Estas instalaciones albergaron la antigua Residencia de ingenieros del Instituto Nacional de Colonización, posteriormente IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario), y finalmente IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) hasta su extinción.
Desde el Ayuntamiento de La Barca los distintos gobiernos han reclamado desde 1978 la cesión de estas instalaciones. Sin embargo, esta petición nunca ha sido respaldada por los dirigentes andaluces. A finales de 2012, el alcalde de La Barca, Alejandro López (PP) denunció el expolio que estaban sufriendo estas instalaciones, así como el vandalismo que calcinó algunas instalaciones en distintos momentos, y reiteró su apuesta por solicitar a la Junta su cesión. La petición contó entonces con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez y de Diputación, ambos en manos del PP.
Sin embargo, la Junta hizo caso omiso a estas reivindicaciones y sacó las instalaciones a subasta dos años después. En esta ocasión ha sido el propio PP, ahora gobernando en la Junta, el que ha decidido sacarlo de nuevo a subasta ignorando las múltiples peticiones que a lo largo de los años se han hecho desde La Barca.
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