Jerez

Las trabajadoras de Acasa abandonan su encierro por "cuestiones físicas"

  • Las empleadas de la concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio denuncian haber sido tratadas "como animales" al impedirles el acceso a los servicios o el aprovisionamiento de víveres para mantener su protesta

Las trabajadoras de la concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio que permanecían encerradas desde ayer en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera han abandonado la medida de presión poco después de las dos de la tarde «por cuestiones físicas».

Las seis representantes de la plantilla de Acasa, así como los líderes locales de CCOO, de la UGT y de la CGT, han denunciado en un comunicado haber sido tratados «como animales», considerándose víctimas de un «trato vejatorio» al impedirles el acceso a los servicios o el aprovisionamiento de víveres para mantener el encierro.

Las manifestantes reconocen que en estas circunstancias no podían mantener el encierro durante más tiempo, y han anunciado que a partir de ahora van a encauzar la «lucha» desde otro camino.

De igual modo, han responsabilizado de su situación tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Jerez, y han lamentado que los atrasos en los pagos de sus nóminas vengan siendo utilizados de forma «partidista» por las administraciones.

Tanto las trabajadoras de Acasa como los líderes sindicales que las han apoyado en este encierro consideran que el cese de esta medida de presión no supone «un fracaso», toda vez que la decisión de abandonar se ha adoptado por razones de carácter «físico».

Mientras tanto, los grupos de la oposición -PSOE, Foro Ciudadano e IU- han suscrito un comunicado conjunto a través del cual condenan «con rotundidad» la actitud del Gobierno local (PP), que a su juicio ha sometido a un trato «vejatorio y humillante» a las manifestantes.

La oposición considera «denigrante» que a estas personas no se les haya permitido el acceso a los aseos del Ayuntamiento, impidiéndoles además la llegada de «alimentos, bebidas y mantas» que permitieran «continuar con su legítima protesta en unas condiciones mínimas» que garantizaran su «integridad física y moral».

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