UGT denuncia "traslados de castigo" de trabajadores municipales a las bibliotecas de Jerez
El sindicato ya ha recurrido a los servicios jurídicos ante la "gravedad" de los hechos
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Desde la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Jerez han trasladado públicamente su "profunda preocupación ante las actuaciones que se vienen produciendo en el ámbito de la delegación de Recursos Humanos y, en general, en la política de personal del gobierno municipal con su alcaldesa al frente, María José García-Pelayo".
A juicio del sindicato, "consideramos que la delegada de Recursos Humanos, Yessika Quintero, y su directora, Mari Paz Cañero, están haciendo uso de las competencias que ostentan en materia de gestión de personal de una forma que, lejos de responder a criterios organizativos objetivos y necesidades reales del servicio, se está utilizando como mecanismo de castigo encubierto hacia determinados trabajadores/as mediante su traslado al Servicio de Biblioteca".
Estos traslados se están realizando "enviando a dicho servicio a personal que no reúne la cualificación ni la formación específica necesaria para el desempeño adecuado de las funciones propias del mismo. Se está destinando a trabajadores carentes de formación técnica y preparación profesional en el ámbito bibliotecario y administrativo, lo que no solo supone un perjuicio para los propios empleados afectados, sino también un deterioro evidente en la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía".
Así, "se pretende proyectar hacia el exterior una imagen cultural ambiciosa, vinculada a la aspiración de Capitalidad Europea de la Cultura, sin que exista una planificación seria en materia de recursos humanos. No se puede vender una imagen de excelencia cultural cuando no se dispone de personal suficiente, cuando no se cuenta con profesionales cualificados en número adecuado y cuando, además, se observa cómo hay más personal destinado a cometidos de difícil identificación que trabajadores efectivos en los propios centros de trabajo de este servicio".
Pero esta situación "no es un hecho aislado". Desde UGT denuncian que por parte del gobierno municipal se viene produciendo un "maltrato permanente al Servicio de Biblioteca y a su personal. Se imponen jornadas y horarios con el único objetivo de 'garantizar el servicio a toda costa', sin que parezca importar las condiciones laborales, la conciliación, la carga de trabajo ni la dignidad profesional de la plantilla".
Desde el sindicato hacen hincapié en que "especialmente grave resulta el caso concreto de un trabajador que carece de formación académica de carácter educativo o administrativo, y al que, para proceder a su traslado, se le han modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo, reconvirtiéndolo de su categoría profesional de Oficial de Oficios (grupo C2) a funciones propias de Auxiliar Administrativo, alterando de manera unilateral y sustancial su encuadramiento funcional y sus condiciones laborales".
Asimismo, "entendemos que existe un indicio claro de trato punitivo hacia dicho Oficial de Oficios en el hecho de que, dentro de su propia categoría C2, existen plazas vacantes y, en algunos casos, incluso ocupadas por personal del grupo E que no ostenta la categoría correspondiente. Pese a esta realidad organizativa, en lugar de ser adscrito a puestos acordes a su grupo, categoría y funciones propias, se opta por su desplazamiento a un servicio ajeno a su perfil profesional, lo que refuerza la percepción de una utilización arbitraria de la movilidad funcional".
Ante la "gravedad" de los hechos, informan de que esta sección sindical "ya ha recurrido a los servicios jurídicos de UGT con el fin de interponer el correspondiente recurso contra esta movilidad y, en su caso, la posterior demanda en defensa de los derechos laborales del trabajador afectado".
Del mismo modo, "trasladamos a la ciudadanía de Jerez que desde esta sección sindical vamos a velar activamente por que el servicio que se presta en las Bibliotecas Municipales sea un servicio digno, de calidad y acorde con los estándares que merece nuestra ciudad. Defender los derechos laborales de la plantilla es también defender un servicio público eficiente, profesional y correctamente dimensionado. No puede existir una biblioteca pública de calidad sin personal suficiente, cualificado y con condiciones laborales adecuadas". "La defensa del empleo público y de sus condiciones no es una cuestión corporativa, sino una garantía para la ciudadanía", concluye el comunicado.
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