LA situación de cambio de modelo formativo en la que nos encontramos, ha de significar una ampliación de las oportunidades empresariales ligadas a la formación. Para ello es necesario que las administraciones, en cuyo seno se desarrolla la misma, sean permeables a las peticiones del sector privado, que genera empleo, riqueza y profesionales aptos para los distintos sectores productivos de nuestro entorno y que, por lo tanto, participa de manera transversal en el incremento de competitividad de nuestra sociedad en su conjunto. Son varias las peticiones que venimos haciendo desde la Asociación de Empresas de Formación de Cádiz -CECAP Cádiz- a ese respecto. Los centros de formación privados entendemos que somos capaces de ofertar formación de manera privada, quiero decir no subvencionada, que pueda ser reconocida mediante certificados de profesionalidad. No es posible por el momento. Únicamente la formación que sea pagada con dinero público podrá ser reconocida con certificado, hurtando ese mercado a lo privado y despilfarrando el bagaje de experiencia que atesoramos tras décadas de actividad productiva. Por no mencionar el ahorro que produciríamos a las arcas del Estado si nos permitiera participar, con transparencia y sin escapar a cuantos controles quisieran imponernos. En los encuentros nacionales en los que debatimos sobre Formación Profesional para el Empleo hemos detectado una amalgama de lo más heterogénea de normativas autonómicas al respecto. Este es otro impedimento al desarrollo de la actividad que origina inseguridad en los centros y en los usuarios así como agravios comparativos a la hora de competir en el mercado privado a través de acreditaciones y homologaciones de centros. Al haber obligatoriedad en algunas zonas y en otras no, no se facilita la competencia justa en el mercado. Cabe mencionar otro aspecto que, cada vez con más contundencia, está poniendo en peligro la actividad de nuestros centros y que desde CECAP Cádiz venimos peleando por su erradicación: la competencia ilegal. Es habitual ver en cualquier municipio de nuestra provincia cómo se anuncian clases a domicilio, clases particulares, de repaso, de idiomas,… que son en realidad una actividad empresarial pero que al llevarse a cabo en el inmueble particular del docente o del alumno escapan a todos los controles a los que, los que ejercemos nuestra actividad con luz y con taquígrafos y sin nada que ocultar, estamos sometidos. Las ordenanzas locales, por la ausencia de licencia de apertura, la norma laboral, al no existir alta de autónomo, la relacionada con la fiscalidad, al ser ingresos que escapan de cualquier tipo de tributación y por no existir un alta en la declaración censal, la de consumo, al no existir hojas de reclamaciones, son solo algunas de las normativas y administraciones vulneradas por este tipo de actividad, que se realiza de manera encubierta por pseudo profesionales que no pueden garantizar calidad ni formación útil de cara al empleo. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de acabar con esta actividad y pediremos apoyo a nuestras denuncias porque con calidad y garantías saldremos ganando todos.