El alcalde de la ciudad, Enrique Moresco, volvió a reclamar a la Junta de Andalucía que permita la legalización de las viviendas afectadas por el corredor verde, un cinturón de suelo no urbanizable y de especial protección que recorre zonas como la Sierra de San Cristóbal o el entorno de las lagunas. El perímetro está fijado por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), documento supramunicipal de obligado cumplimiento por parte de los municipios incluidos, entre ellos El Puerto, y que elaboró el organismo autonómico en 2004. Así, mientras este no se modifique, las viviendas construidas dentro de su perímetro (los diseminados afectados son parte de Winthuyssen y Los Perales, Pago Machete y Las Manoteras) no se podrán regularizar con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que elabora el Consistorio portuense.

No obstante, el planeamiento supramunicipal está actualmente en revisión pero la Junta ya ha advertido que será "difícil" su legalización, según apuntó semanas atrás el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Lorenzo, a un grupo de propietarios afectados. Sin embargo, el alcalde anunció ayer que el Ayuntamiento seguirá insistiendo en que estos núcleos puedan entrar en el proceso de regularización, cuestión que previamente deberá autorizar la administración autonómica.

Asimismo, el primer edil criticó a la Junta por tener "un tratamiento más considerado" con las viviendas ilegales construidas en zonas inundables en el término municipal de Jerez que con las construidas en el corredor verde "que están totalmente consolidadas" y a las que "no se les permite ni una mejora medioambiental".

El documento de aprobación provisional 2 del nuevo PGOU, que se aprobó en octubre de 2009, preveía que las viviendas afectadas por el corredor verde se pudieran acoger a un plan especial de integración ambiental mientras no pudieran regularizarse. Así, con esta medida, se les facilitaría que contaran con una red de abastecimiento o saneamiento (aunque nunca conectada a la general) y se permitiría hacer reparaciones en las edificaciones. En cambio, la Junta ordenó que se excluyera del ordenamiento del PGOU ya que entiende que esta propuesta incumple el Plan de Ordenación de la Bahía.

Al respecto, el alcalde dijo ayer que el planteamiento municipal era el "más leve" e "idóneo" por lo que le reprochó al organismo autonómico que no la autorice. "Cuando Silvia López [actual delegada provincial de Medio Ambiente] ocupaba la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio señalamos esta cuestión porque entendíamos que hasta que no se culmine la redacción del nuevo Plan de Ordenación de la Bahía, que es el que podría dar la solución definitiva a estas viviendas, podíamos articular esta posibilidad en el Plan General pero, obviamente, la Junta no está dispuesta a dejarnos ejercer la potestad de planeamiento municipal y ahora debemos encontrar una nueva fórmula que nos permita algún tipo de actuación en esta zona", concluyó Moresco.