La Justicia responsabiliza a la Junta de las muertes en el incendio de Monte Prieto

Cronología de una lucha judicial de casi tres décadas

  • Estos son los momentos más llamativos del largo pulso que la familia García Jaén ha mantenido con la Junta de Andalucía por los fallecimientos ocurridos en Monte Prieto en septiembre de 1992

Pedro Fernández Luna, cuñado de José María García Jaén e impulsor de la demanda contra la Junta, mostrando el pasado jueves en su casa parte de esa documentación.

Pedro Fernández Luna, cuñado de José María García Jaén e impulsor de la demanda contra la Junta, mostrando el pasado jueves en su casa parte de esa documentación. / Manuel Aragón Pina

7 de septiembre de 1992

La tarde de ese día, lunes, pierden la vida cinco trabajadores de dos retenes antiincendios de la empresa Getisa, dependiente de la Junta de Andalucía, cuando intentaban extinguir un fuego originado el día anterior en el paraje de la Sierra de Grazalema conocido como Monte Prieto. Los fallecidos son tres vecinos de Alcalá de los Gazules (Bartolomé Toledo, de 53 años, Diego Márquez Toscano, de 22, y José María García Jaén, de casi 27) y dos más de Bornos (Manuel Andrade Cervera, de 38 años, y José Castro Lozano, de 37). Un hermano de este último, Juan Castro Lozano, que entonces tenía 48 años, logra sobrevivir aunque sufre muchas heridas por quemaduras y secuelas físicas originadas por la inhalación de humo. El incendio, que arrasaría unas 900 hectáreas de matorral y monte bajo, no quedaría sofocado hasta dos días después, el miércoles 9 de septiembre.

Finales de 1992

La familia García Jaén y las de los tres afectados de Bornos inician un procedimiento por la vía penal para buscar a los culpables del incendio y de un operativo de extinción del fuego que consideran que estuvo plagado de errores y de irregularidades. La causa la instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos, que termina procesando a nueve personas.

5 de noviembre de 2003

Queda fijada la vista contra estos nueve acusados en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez. Pero allí mismo el tribunal decreta el archivo y sobreseimiento de la causa al entender que los hechos habían prescrito.

23 de diciembre de 2004

Los recursos de casación presentados contra ese archivo y sobreseimiento de la causa son rechazados por el Tribunal Supremo, que entiende igualmente que los hechos habían prescrito, dando así la razón a la Audiencia Provincial de Cádiz. La última actuación judicial notificada al respecto tiene fecha del 17 de enero de 2005.

Enero de 2006

La familia García Jaén, de Alcalá de los Gazules, presenta en el Registro Oficial de la Junta de Andalucía una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Consejería de Medio Ambiente por la muerte de su hermano José María. La reclamación asciende a una cantidad total de 152.446,71 euros.

Febrero de 2006

La Consejería de Medio Ambiente autoriza el pago de una indemnización total de casi 500.000 euros a repartir entre las familias de los afectados por el incendio pero sólo a los del retén de Bornos (dos fallecidos y un herido). Eso sí, antes estas familias tienen que hacer una renuncia expresa a presentar cualquier reclamación de daños y perjuicios contra la Junta de Andalucía. A Alcalá de los Gazules no llega indemnización alguna.

Año 2012

La familia García Jaén cambia de abogado y el letrado algecireño Mario Romero Llinás intensifica la presión buscando una respuesta oficial de la Junta a la reclamación de responsabilidad patrimonial. En estos años, además, la familia pone en marcha un aluvión de escritos a las oficinas del Defensor de Pueblo tanto estatal como andaluz. En una de sus respuestas, fechada el 26 de julio de 2013, el Defensor del Pueblo español llega a denunciar la "falta de colaboración" en este asunto de la Junta de Andalucía, a la que acusa incluso de mantener en todo momento "una actitud hostil y entorpecedora".

27 de septiembre de 2016

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dicta una orden firmada por el consejero del ramo (José Fiscal) en la que, de acuerdo con un dictamen previo del Consejo Consultivo de Andalucía, se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la familia García Jaén diez años atrás. Entre otras cosas la Junta argumenta que esta reclamación patrimonial también había prescrito y que las supuestas irregularidades que se hubieran podido cometer tendrían que ser imputables a la empresa Getisa, pero no a la propia Consejería de Medio Ambiente. Y añade incluso que la actuación del Plan Infoca fue la correcta y que los fallecidos y el herido "no cumplieron las órdenes dadas por los agentes de vigilancia de huir siempre hacia la zona quemada".

Finales de 2016

La familia García Jaén presenta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra esta orden del consejero de Medio Ambiente que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial.

19 de septiembre de 2019

El TSJA, a través de la Sala Tercera de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, dicta sentencia en la que estima en parte el recurso presentado por la familia García Jaén. El Tribunal andaluz condena a la Junta de Andalucía por responsabilidad patrimonial en el caso del fallecimiento de José María y le ordena pagar a sus tres hermanos una cantidad total de 122.594,42 euros.

13 de marzo de 2020

El Tribunal Supremo no admite a trámite el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia del TSJA, que queda así ratificada.

Noviembre de 2020

Los tres hermanos García Jaén perciben de la Junta de Andalucía una indemnización total de 122.594,42 euros por el fallecimiento de José María ocurrido 28 años y dos meses atrás.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios