La Audiencia Provincial de Cádiz celebrará próximamente un juicio a un oficial de un Registro de la Propiedad de El Puerto acusado de llevarse más de 429.000 euros a través del desvío de fondos desde la institución pública donde trabajaba durante siete años, desde 2010 hasta 2017. El fiscal lo procesa por un delito de apropiación indebida en el que concurre la agravante de abuso de confianza y pide para él la pena de siete años de cárcel y multa de 3.240 euros. Asimismo, la Fiscalía solicita que pague en concepto de indemnización la cantidad defraudada, exactamente, 429.944,03 euros.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, el acusado L.A. desempeñaba funciones de “oficial sustituto” en un Registro de la Propiedad de El Puerto, lo que implicaba ser el superior jerárquico del resto de trabajadores y ser el responsable de la organización, control económico y llevanza diaria de la oficina. Además, el registrador “tenía una especial confianza en él”, puntualiza el documento.

Así, entre sus funciones estaba la de organizar el trabajo del resto de personal, realizar la contabilidad del registro, elaborar las nóminas de los demás trabajadores, llevar al día el arqueo económico para controlar los ingresos y gastos y hacer el pago de los impuestos y cargas propias de la actividad del registro, como por ejemplo el pago del IVA, del IRPF de los trabajadores o el pago de las cuotas colegiales al Colegio de Registradores de Cádiz.

Para llevar a cabo estas funciones, señalan las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el procesado era el único empleado que estaba autorizado por el registrador para disponer del dinero de las cuentas corrientes. También era el único trabajador que podía acceder al sistema informático que llevaba la contabilidad.

Una de las tareas principales de L.A. consistía en llevar el control diario de los ingresos que se hacían en el registro, especialmente por ciudadanos particulares, quienes en la inmensa mayoría de los casos pagaban los honorarios de tres formas: en metálico, con talones bancarios o por medio de tarjeta bancaria a través de una terminal TPV.

Para el control de tales ingresos y garantizar que lo pagado en el mostrador se correspondía con las anotaciones del sistema informático, se hacía un arqueo diario de los ingresos, así como de las posibles salidas de dinero para hacer frente a determinados pagos.

De esta forma, los trabajadores sacaban del programa informático un listado llamado ‘ticket de cierre de caja’ con los ingresos que figuraban en dicho programa y las posibles salidas de dinero; apuntaban el total y lo metían todo (listado del ordenador, dinero en efectivo, talones y recibo de TPV) en un sobre que entregaban al encausado. Una vez con el sobre en su poder, L.A. confirmaba que el dinero se correspondía con el listado informático y guardaba el sobre en una caja de caudales de la que sólo él tenía llave, guardándola a su vez en un armario de su despacho del que también era el único que tenía llave.

El siguiente paso, detalla la Fiscalía, era el ingreso del dinero en efectivo y de los talones bancarios en alguna de las dos cuentas corrientes abiertas al efecto por el registrador en el banco, una recaudación que no se producía diariamente sino aproximadamente una vez a la semana o cuando el acusado así lo ordenaba a los empleados que habitualmente llevaban el dinero al banco.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía exponen que otra de las formas por las que se ingresaba dinero en efectivo en el registro –aunque en menor medida– era el pago de las provisiones de fondos para la tramitación de diversos documentos, sobre todo, escrituras de cancelación de hipotecas.

"Trató de ocultarlo"

“Consciente de su capacidad de actuación e incluso dirección y movido por el ánimo de lucro, L.A. comenzó a apoderarse de dinero en efectivo de la caja diaria para enriquecerse personalmente, haciendo suyo parte de los ingresos del Registro de la Propiedad que se hacían en efectivo”, sostiene el fiscal para luego añadir que el procesado “realizó estos actos de apoderamiento del dinero de manera sucesiva y continuada en el tiempo desde 2010 y hasta 2017”.

El registrador de la propiedad tenía algunas sospechas de que algo no iba bien en el segundo semestre de 2017, pero no comentó nada con el encausado. Ahora bien, cuando le comentó que dejaba el registro porque tenía un nuevo destino, L.A., a sabiendas de que se acabaría descubriendo el fraude, “trató de ocultar o disminuir en parte la cuantía total del dinero del que se había apoderado borrando del sistema informático el pago en efectivo de diversas provisiones de fondos”, lo que derivó en numerosas quejas de clientes.

Confirmada pues la falta de dinero en las cuentas bancarias y ante la ausencia de explicaciones por parte del acusado, se procedió a un análisis y estudio económico de los ingresos en efectivo del registro, según expone el escrito de calificación fiscal. Así, una vez analizado el sistema informático que anotaba y guardaba los ingresos diarios, así como las dos cuentas bancarias, más los talones y los pagos con tarjetas de crédito, se verificó que el dinero del que se había apropiado el procesado desde el año 2010 hasta el 2017 ascendía a un total de 429.944,03 euros.

La Fiscalía concreta que el acusado se apoderó de las siguientes cantidades: La Fiscalía concreta que el acusado se apoderó de las siguientes cantidades: en el año 2010, 75.349, 85 euros; en el año 2011, 85.200,36 euros; en el año 2012, 78.165, 96 euros; en el año 2013, 50.714, 17 euros; en el año 2014; 59.424, 14 euros; en el año 2015, 36.444,36 euros; en el año 2016; 35.226, 83 euros; y en el año 2017, 6.554, 27 euros.