La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz analiza en el auto que pone fin a la instrucción del caso Bahía Competitiva las posibles irregularidades en las podrían haber incurrido los técnicos y responsables políticos que intervinieron en el procedimiento de concesión de las ayudas públicas de Reindus. 

La juez Lourdes del Río considera que las subvenciones concedidas al empresario gallego Dávila Ouviña en 2011 supusieron un importante riesgo financiero y, peso a ello, éste logró hacerse con los fondos públicos por las "múltiples irregularidades" y las "injerencias políticas" que se dieron en el procedimiento de concesión de ayudas. La magistrada apunta directamente a Antonio Perales y su "especial empeño en beneficiar de manera discrecional a su localidad natal de Alcalá de los Gazules y a su propio interés económico". Del Río estima que Perales era la persona que decidía en última instancia qué empresas eran las adjudicatarias. 

Así, a criterio de la juez, pasan a estar imputados en esta causa Antonio Perales, ex director gerente de Bahía Competitiva, organismo dependiente de la Agencia IDEA de la Junta; María José Valencia, diputada de Empleo y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) en el último gobierno socialista de la Diputación; Rosa Mellado, directora de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la fecha de los hechos; Rosa Rodríguez, representante de la oficina de Bahía Competitiva en la comisión evaluadora de las ayudas; Teodoro Garrido, quien fue gerente del IEDT; Adelaida Moares, jefa de servicios del IEDT entonces; Gema Herrera, asesora en la gerencia provincial de la Agencia IDEA y nuera del ex consejero socialista Luis Pizarro; y Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro, técnicos de la Diputación de Cádiz y miembros también de la comisión de baremación. Todas estas personas tuvieron algún tipo de participación, en mayor o menor medida, en la comisión que daba el visto bueno a la concesión de las subvenciones destinadas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. 

El auto judicial precisa que en la convocatoria de Reindus para los años 2009 y 2010, los técnicos Teodoro Clavijo, Gema Herrero, Rosa Berreiro y Rosa Rodríguez Cano -que conformaban la comisión en Cádiz que debía elaborar el informe técnico que a la postre era el decisivo para conceder o no las ayudas públicas- no percibieron existencia de riesgo alguno en las ayudas propuestas a favor de las empresas Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucía, vinculadas todas a Dávila Ouviña.

Ahora bien, en la convocatoria del año 2011, detectaron el grave riesgo que suponía la concentración de ayudas públicas a dichas empresas y, pese a ello, enviaron a Industria un listado en el que se incluía a estas entidades como favorables para obtener subvención. Los técnicos lo hicieron "previo acuerdo" con sus superiores jerárquicos Adelaida Moares, Rosa Mellado, Teodoro Garrido, María José Valencia y Antonio Perales. "Sabían que suponía en realidad una farsa de difícil ejecución", especifica la juez.

Según Del Río, María José Valencia García, vicepresidenta del IEDT de la Diputación de Cádiz, Antonio Perales Pizarro, director gerente del Plan Bahía Competitiva, y Teodoro Clavijo, técnico de Servicio, Cooperación y Empleo del IEDT, "tenían perfecto conocimiento del carácter irregular que suponía la aprobación de dichas ayudas públicas". 

En la convocatoria Reindus del año 2011 se recalcaba además la importancia del analizar la capacidad económica y financiera de las las entidades adjudicatarias y se especificaba la obligación de suspender las ayudas a las empresas con alto riesgo. A pesar ello, "por parte de los técnicos de la comisión de Cádiz y sus inmediatos superiores, se hizo una propuesta de concesión de millonarias ayudas públicas a favor de empresas bajo el mando de una misma persona (Ouviña) en las que claramente los proyectos no tenían la más mínima viabilidad económica y, todo ello, por el especial empeño de Antonio Perales Pizarro de beneficiar de manera discrecional a su localidad natal de Alcalá de los Gazules y a su propio interés económico".

El auto judicial subraya que el procedimiento desarrollado para la elaboración del informe técnico base de la propuesta de concesión de las ayudas estuvo plagado de irregularidades, lo que pone de manifiesto que no se siguieron criterios técnicos para su redacción, sino una "serie de directrices políticas" ajenas a la normativa que regulaba la concesión de dichas ayudas públicas. Las injerencias políticas sin ninguna base técnica en dicho procedimiento tuvieron lugar tanto antes de adoptarse la que debería de haber sido la decisión final en la reunión de 16 de febrero de 2011, como después de dicha reunión.

Previa y posteriormente a la reunión de la comisión de 16 de febrero de 2011, "de la que por cierto no se levantó acta alguna", se sucedieron una serie de correos electrónicos y diversas reuniones entre los técnicos Teodoro Clavijo, Rosa Rodríguez, Rosa Barreiro y Gema Herrera y las personas de las que dependían, esto es, Rosa Mellado, Gema Herrera, Antonio Perales, Rosa Rodríguez, Adelaida Moares, Teodoro Garrido y María José Valencia. Ellos, incide la juez, "no deberían haber intervenido para nada en la elaboración de dicho informe". 

Al día siguiente de celebrarse la comisión técnica del 16 de febrero de 2011 y una vez elaborado el informe en teoría "inmodificable" de valoración de las empresas que optaban a las subvenciones, se enviaron nuevos correos electrónicos. De aquí se desprende que "la decisión tomada quedaba pendiente aún de los posibles cambios que ordenasen los superiores políticos, en concreto, Antonio Perales, que era la persona que verdaderamente decidía los proyectos que recibirían las ayudas públicas".