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Nuevo programa de compras. Su nombre: Transmission Protection Instrument (TPI). El BCE lo presentó ayer tras la reunión periódica de los miembros de su Consejo de Gobierno. No tenía más remedio que sacarlo a la luz para acompañar la primera alza del precio del dinero en 11 años, y siendo además esta subida de 50 puntos básicos, el doble de lo inicialmente previsto. Y es que este giro a una mayor radicalidad en la normalización de la política monetaria podía desencadenar una elevación peligrosa y rápida de determinadas primas de riesgo, especialmente la italiana, sujeta además ahora a una gran inestabilidad política por la marcha de Mario Draghi.
El BCE reconocía ayer que han dado un primer paso más significativo. La razón que aducen es "la valoración actualizada del Consejo de Gobierno de los riesgos para la inflación", esto es, la inflación está galopante: en julio en la eurozona se situó en el 8,6%, y se perciben indicios de mayores subidas y de un alargamiento en el tiempo. ¿Próximas elevaciones de tipos de interés? Pues se irá viendo.
Junto a la histórica decisión, el anuncio del TPI. Se apoyan para ponerlo en marcha en que es necesario que las decisiones fluyan por igual en todos los países de la Eurozona. Sin esto, dicen, no pueden cumplir su mandato de mantener la estabilidad de precios. La realidad es que o hacen esto y apoyan a los países periféricos o puede desencadenarse crisis de deudas en algunos de ellos y ponerse en peligro la misma existencia del euro.
Para los detalles del TPI han utilizado un comunicado de prensa separado. En él señalan que se comprarán bajo este programa bonos públicos -sin descartar los privados- con un vencimiento residual de entre uno y diez años, y que el programa nace sin limitación en su volumen: "dependerá de la gravedad de los riesgos".
En cuanto a la peliaguda cuestión de qué tiene que pasar para que se active, no concretan absolutamente nada. Sin duda, la escala y la velocidad de los aumentos de los rendimientos de los bonos serán relevantes, pero todo queda a discreción del BCE que decidirá por unanimidad "según la evolución del mercado". En todo caso, se pondría en marcha siempre y cuando la primera línea de defensa -las reinversiones flexibles del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP)- no resulte suficiente.
Por último, y muy importante, impone cuatro condiciones para que un país pueda ser beneficiario: que no esté sujeto a un procedimiento de déficit excesivo, que no tenga desequilibrios macroeconómicos severos, que su deuda sea sostenible (según análisis del BCE, de la Comisión Europea, el MEDE o el FMI) y que sus políticas macroeconómicas sean sólidas y sostenibles, cumpliendo las recomendaciones específicas recibidas en el marco del Semestre Europeo y los compromisos adquiridos en los planes de recuperación y resiliencia.
De momento, el solo anuncio ha hecho efecto y los rendimientos de los bonos conflictivos no se han desmandado. Pero hay muchos frentes abiertos que pueden dispararlos en los próximos meses. Veremos entonces cómo se interpreta entonces este difuso programa y qué grado de rigurosidad se impone a los condicionamientos. El BCE recuerda que la OMT sigue existiendo.
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