El Banco de España ha publicado este miércoles un extenso análisis sobre las medidas de apoyo públicas desplegadas frente a la subida de la inflación. Suponen entre 34.000 y 40.000 millones de euros durante el horizonte temporal 2021-2025, concentrados en 2022 (1,3%-1,4% del PIB), y en 2023 (0,8%-1% del PIB). El objetivo es ver qué se ha hecho, qué efectos ha tenido y tendrán, cuánto cuestan y, en base a estos resultados, plantear otras formas de haber dado ese apoyo a familias de forma más óptima. La evaluación de políticas públicas, como la que se realiza aquí, resulta fundamental en cualquier coyuntura, pero especialmente en un contexto caracterizado por la existencia de desequilibrios fiscales.

Numerosos organismos e instituciones relevantes han pedido por activa y por pasiva que las medidas fueran focalizadas en los en los colectivos más vulnerables. Por dos razones: porque no ayudan a contener a la inflación y porque dañan las cuentas públicas, y más, cuando el margen de maniobra fiscal es reducido. Pues bien, España ha hecho caso omiso a esto: entre un 80% y un 85% del impacto presupuestario de las medidas presenta un carácter generalizado.

Siendo esto así, el estudio analiza los efectos por percentiles de rentas de las tres medidas más costosas. Vista la composición de la cesta de la compra para los diferentes niveles de renta y visto el incremento de precios experimentado para cada uno de los epígrafes, concluye que los hogares con menor renta han sufrido una inflación del 11,3% frente al 9% que han experimentado los de mayor renta. Además, concluye que las alzas de precios en los hogares más vulnerables se deben a la electricidad y a los alimentos, no a los carburantes. Por todo ello, puede afirmarse que ha sido una buena idea las rebajas del IVA de alimentos, así como mejor todavía la rebaja del IVA de electricidad y del gas, pero de ninguna forma la bonificación a los carburantes.

Si se hubieran suprimido esas tres medidas y, a cambio, se hubieran transferido 375 euros a los hogares de menos renta, el coste hubiera sido de 2.095 millones de euros, con un ahorro presupuestario de 7.484 millones respecto a lo que cuestan las tres medidas anteriores. Si bien, hay que señalar que dentro del colectivo "vulnerables" (el 30% con menor renta) habría un 63% de ganadores (154 euros más con el cambio) y un 37% de perdedores (229 euros menos con el cambio).

Y si la transferencia a los hogares vulnerables hubiera sido de 860 euros, el ahorro hubiera sido la mitad de lo que han costado esas tres medidas generalistas adoptadas. En este caso, el número de hogares vulnerables perjudicados se reduciría a menos de un 4%, por lo que se lograría mantener la protección de la casi totalidad de los hogares vulnerables con la mitad del coste presupuestario.

En definitiva, estas simulaciones ponen de manifiesto que estas actuaciones alternativas permitirían lograr un grado de protección para los hogares más vulnerables similar al que proporcionarían las tres grandes medidas establecidas -objetivo a conseguir-, pero incurriendo en un menor coste presupuestario -prudencia financiera recomendada-.