Griñán no entrará en prisión hasta que concluya la radioterapia necesaria para tratar su cáncer de próstata. Es una decisión razonable que supone, además, el reconocimiento de la extrema precariedad del sistema penitenciario español en materia sanitaria.

Según datos oficiales citados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en 2021 se produjeron 184 muertes en las cárceles españolas por causas como suicidios, sobredosis y desatención médica. Muchas podrían haberse evitado. Pero las plantillas sanitarias se encuentran al 50%, con plazas que no se reponen y una sobrecarga de trabajo inasumible. Es particularmente pobre la atención a la salud mental, cuando en torno al 40% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno y, en general, dentro de las prisiones no existen consultas de psiquiatría ni de psicología clínica. Todo esto pudiera relacionarse con la inexplicable resistencia de los gobiernos centrales a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, como fija la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003). Veinte años de retraso.

Otro elemento importante que incide sobre la salud de los presos y presas es la falta de calefacción que degrada las condiciones de habitabilidad, dificulta la conciliación del sueño e impide la necesaria concentración para cualquier actividad. Y, otra vez, las condiciones de cumplimiento de penas son más duras para las mujeres, entre otras cosas, por la escasez de plazas que las lleva a cumplir condena lejos de su lugar de arraigo familiar.

A veces se olvida que el único derecho que se pierde al entrar en la cárcel es el de la libertad; pero no ningún otro de los derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y a una atención sanitaria integral.