Estamos en año electoral, en un cambio de ciclo piensan y desean algunos, en la consolidación de logros sobrevalorados, fabulan otros. Ya veremos. Año de promesas y hemorragia de dinero público para atrapar voto.

Qué pensionista no va a estar de acuerdo en que le suban un ocho por ciento la pensión aunque la subida de la media nacional de los salarios no alcance ni la mitad de ese índice. Qué estudiante va a criticar que este año se vaya a destinar el mayor desembolso de la historia en la concesión de becas. Que difícil se hace cuestionar que el SMI esté en 1.080 euros aun cuando eso suponga una subida generalizada de los costes sociales para el martirizado autónomo. Y así, suma y sigue en transferencias directas, muchas de ellas seguro que justificadas pero que hacen imposible el cuadre de las cuentas.

En las próximas semanas veremos más anuncios que llevarán aparejados sin remedio el aumento del maltrecho gasto social. La hucha de las pensiones está vacía, la seguridad social es deficitaria y la deuda pública es inasumible; pagamos más de treinta mil millones de euros al año sólo en intereses.

Europa, que nos sigue haciendo transferencias, empieza -aunque nos haya dado otro balón de oxígeno- a mirarnos mal; y eso, aun haciendo algún ajuste. La mala fama de la contención del gasto -al que llamaron austericidio- no fue más que un espejismo en medio de las políticas expansivas que nunca nos dejaron de rondar.

Unos presumen de que sus políticas son conquistas de derechos y mientras aumentan el agujero del déficit, nos embelesan con leyes muy modernas. Los otros, que desertaron de la guerra cultural, creen que pondrán en orden las cuentas como si para cuadrarlas no fuera precisamente imprescindible dar la batalla de las ideas. La política del bien común se vende cara y esta guerra la vamos perdiendo por goleada.