Para mucha gente la inflación ha pasado de ser un concepto económico más o menos lejano a una preocupación real. Los precios suben y los bolsillos se resienten. Se calcula que una familia media gastará al año 3.000 euros más que en 2020 comprando lo mismo. Y no es solo la guerra de Ucrania. La inflación comenzó antes.

Mucha gente lo pasa mal y son necesarias medidas concretas de ayuda como las propuestas por el gobierno en el Debate del Estado de la Nación: - Bonos de transporte público (con lo que también se lucha contra el cambio climático); - Suplemento a las becas de estudio (en sentido contrario a Ayuso, que beca a los millonarios); - Ayuda de 200 euros para personas de bajo nivel de ingresos,… ¿Es suficiente? Obviamente no, pero por algo se empieza. ¿Y cómo se paga esto? Mediante el principal mecanismo de distribución de rentas de que dispone el estado, es decir, los impuestos. Impuesto a las empresas energéticas - que se están forrando, más aún, con la disculpa de la subida del gas - y a la banca, que está aplicando subidas de interés antes de tiempo. ¿Es suficiente? También yo diría que no, porque este país necesita una reforma fiscal global - que paguen más los más ricos - para garantizar el estado del bienestar, acercándonos a la presión fiscal europea de forma permanente y no coyuntural.

Dice la derecha que estos impuestos acaban repercutiendo en los precios y, al final, los paga el consumidor. No tiene por qué. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispone de mecanismos para controlar los precios, por ejemplo analizando la relación entre ventas y beneficio.

No hay otra manera de encarar el problema. Y recordemos que el artículo 128 de la Constitución dice que "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".