Vender suelo público: un error que nos hipotecará el futuro

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado la venta de seis parcelas municipales para viviendas de protección oficial, presentándola como una vía para agilizar la construcción, generar empleo y dinamizar el sector. Sin embargo, esta medida encierra un problema de fondo: el suelo público es un patrimonio común, limitado e irremplazable. Una vez privatizado, el Ayuntamiento pierde para siempre la capacidad de gestionarlo como herramienta estratégica al servicio de la ciudadanía, quedando sometido a la lógica del mercado, con el riesgo de especulación y encarecimiento.

Además, conviene recordar que muchas promociones de VPO tienen plazos de descalificación: lo que hoy se entrega como vivienda asequible puede convertirse en pocos años en producto inmobiliario libre, fuera del alcance de quienes más lo necesitan. El ingreso inmediato que obtendrá el Consistorio será solo un alivio pasajero, a costa de perder una garantía de futuro. Pan para hoy, hambre para mañana.

Frente a la venta, existe una alternativa más responsable y ya probada en otras ciudades: conservar la titularidad pública del suelo y cederlo en concesión o derecho de superficie. De este modo, el suelo sigue siendo de todos, pero se activa para proyectos que cumplan compromisos sociales y aseguren que la vivienda permanezca en el parque público de alquiler asequible.

1. Alquileres realmente asequibles, con precios ajustados a los ingresos de jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables. No se trata de viviendas “menos caras” que el mercado, sino de garantizar un techo digno a quienes hoy tienen serias dificultades de acceso.

2. Proyectos de calidad y con vocación social, que incorporen criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, diseño urbano integrador y espacios comunitarios. Viviendas que dignifiquen la ciudad, refuercen la cohesión vecinal y no se limiten a construir bloques anónimos sin alma ni identidad.

Con esta fórmula, las promociones de vivienda social no desaparecen con el tiempo ni se convierten en negocio privado: permanecen como parte de un parque público estable de alquiler protegido, un bien común que puede crecer y consolidarse generación tras generación.

El suelo municipal no es solo un activo contable. Es un recurso estratégico para ordenar el crecimiento urbano, corregir desigualdades y garantizar derechos. Cederlo en derecho de superficie o en concesión no significa perderlo: significa activarlo al servicio del interés general sin renunciar a su titularidad. Por el contrario, la venta supone que el Ayuntamiento se descapitaliza y renuncia a intervenir en el futuro. En el contexto actual, con una crisis de vivienda que afecta a miles de familias jerezanas, lo lógico sería proteger al máximo este patrimonio y usarlo de forma planificada para ampliar la oferta pública de alquiler, no para liquidarlo en una subasta.

La cuestión no es si hacen falta más viviendas protegidas en Jerez —eso nadie lo pone en duda—, sino qué modelo queremos para la ciudad. ¿Queremos un Jerez que entrega su patrimonio a cambio de liquidez inmediata, confiando en que el mercado resolverá lo que la política no ha sabido garantizar? ¿O queremos un Jerez que blinda su suelo público como patrimonio colectivo y lo pone al servicio de quienes más lo necesitan?

La primera opción es más rápida y cómoda, pero hipotecará el futuro. La segunda exige visión de largo plazo y valentía política, pero permitirá que dentro de veinte o treinta años Jerez siga disponiendo de suelo público para garantizar vivienda digna.

Si de verdad queremos garantizar el acceso a la vivienda en Jerez, el camino no es subastar parcelas municipales, sino blindar el suelo público para el interés general. Esa es la única forma de evitar que dentro de unos años volvamos a lamentarnos de haber perdido un patrimonio que hoy, todavía, está en nuestras manos.