Chivatazo y sospecha

LAS injerencias de la política en la Justicia y la dimensión política de los que organizan y dirigen la Justicia (empezando por el Consejo General del Poder Judicial) proyectan la sombra de la sospecha sobre las decisiones judiciales más importantes. A eso estamos llegando.

Piensen, por ejemplo, en el caso del bar Faisán, de Irún, cuyo dueño -uno de los cobradores de la red de extorsión de ETA- Joseba Elosúa, recibió una llamada a través del móvil de un inspector de Policía advirtiéndole de que no se trasladara al otro lado de la frontera, a entregar dinero procedente del chantaje terrorista, porque estaba en marcha una operación policial para detenerle con las manos en la masa.

¿Quién llamó a Elosúa? Obviamente, tuvo que ser una de las poquísimas personas que estaban al tanto de la operación, es decir, o participante en la misma o superior jerárquico de los participantes, sea dentro del organigrama policial o del político. Los agentes que investigaron el chivatazo elaboraron un informe que, basándose en el tráfico de llamadas telefónicas en la fecha y en la zona, apuntaba a la participación del director general de la Policía y del jefe superior de Policía del País Vasco. No son unos cualesquiera.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide ahora al juez Baltasar Garzón, que instruye el asunto, que lo archive provisionalmente -se podría reabrir si aparecen nuevos datos-, ya que las diligencias practicadas no avalan la hipótesis inicial que atribuye a ambos mandos policiales la autoría de un delito tan grave como colaborar con el terrorismo desde el aparato del Estado.

Si éste fuera un país normal, en el que la Fiscalía actúa con la independencia propia de su función y es respetada por todos, aquí terminaría el caso. Pero todo lo que viene de una Fiscalía General nombrada por el Gobierno es visto con recelo por la oposición. Es así por sistema, y es especialmente así cuando concurren circunstancias singulares, como el hecho de que el director general de Policía cuestionado sea militante del PSOE o que el extorsionador Elosúa se haya negado a identificar a sus interlocutores, que le libraron de la detención aquel día de mayo de 2006. ¿Mayo de 2006?: eran los días de la última tregua-trampa de ETA, cuando el Gobierno estaba convencido de que dialogando con los terroristas lograría la ansiada paz. Un motivo más para la desconfianza y la suspicacia sobre el archivo del caso Faisán.

El juez Garzón, que o se pone siempre en el ojo del huracán o lo ponen, tendrá que pensárselo muy bien antes de aceptar sin más la petición de archivo. Ahora que el pacto antiterrorista, sin ni siquiera estar escrito, funciona correctamente, podría estar en peligro por una sospecha que ni siquiera sabemos si está fundada o no.