Gorrones sociales

LA preocupación por el déficit público español proviene, además de su magnitud (11,4% del PIB en 2009), de que en su mayor parte es de carácter estructural; es decir, que no se resolverá con la recuperación económica, ya que parte de los ingresos tributarios no volverán a los niveles del pasado (especialmente los vinculados a la actividad inmobiliaria), mientras que el gasto público no disminuirá por el aumento del número de pensionistas, por el desarrollo de la Ley de Dependencia y por la creciente demanda de servicios públicos. En consecuencia, será inevitable aumentar la presión fiscal o reducir las prestaciones del Estado de bienestar.

Dada la resistencia social a cualquiera de estas dos alternativas, es conveniente tomar en consideración otras dos opciones para reducir el déficit: por una parte, aumentar la eficiencia de las administraciones públicas, para lo que se hace cada vez más necesario evaluar la eficiencia de los servicios descentralizados a las administraciones territoriales y, por otra parte, incidir en las relaciones entre los ciudadanos y las finanzas públicas. Es sobre esta perspectiva sobre la que quiero reflexionar aquí, ya que es muy común entre los españoles un sentimiento de ajenidad hacia las finanzas públicas, lo que genera la proliferación de gorrones sociales; es decir, las personas que tratan de maximizar el disfrute de los bienes públicos y minimizar la contribución a su financiación, incluso vulnerando las leyes.

Si bien estos comportamientos se producen en cualquier país, en los que el Estado del bienestar se encuentran muy asentado el fenómeno de los gorrones sociales es mucho menos frecuente, porque existe una extendida reprobación social de estas conductas. Así se puede comprobar en el comportamiento fiscal de los ciudadanos, pues mientras en los países escandinavos, por ejemplo, a nadie se le ocurre exhibir su habilidad para defraudar a la Hacienda Pública ante el temor de quedar aislado socialmente, todavía en España son muchos los que se jactan de prácticas de ocultamiento o defraudación en sus obligaciones fiscales. En particular, son prácticas públicas generalizadas en nuestro país el ahorro del IVA en muchos servicios o la declaración de valores muy inferiores a los reales en la compraventa de inmuebles. En muchas empresas la práctica de la doble contabilidad es un hecho de dominio público, y la existencia de economía sumergida, un diferencial con los países más desarrollados, que ya se eleva por encima del 25% del PIB, y que se concentra especialmente en la construcción, la agricultura, el servicio doméstico, los arrendamientos de inmuebles y en una gran variedad de servicios profesionales, como en el caso de muchos abogados, médicos privados, u otros servicios que habitualmente se realizan sin facturas.

A estas prácticas que limitan los ingresos públicos se suman otras de recepción irregular de transferencias. La de receptores de subsidios de desempleo que realizan trabajos ocasionales o regulares es uno de los casos más conocidos, pero también nuestro país se caracteriza por un elevado número de incapacitados laborales no siempre bien justificados, existiendo también irregularidades frecuentes en la percepción de subvenciones empresariales aplicadas a objetivos distintos para los que están diseñadas. Más común aún es la actitud dispendiosa o abusadora de los bienes y servicios públicos, desde los propios empleados públicos que privatizan materiales o servicios públicos, hasta el extendido uso abusivo de los servicios médicos y de otras prestaciones sociales.

Todo este conjunto de prácticas caracterizan a los gorrones sociales que se benefician de la dificultad de control público y de la complacencia de la mayoría de los ciudadanos. Estas prácticas sociales aumentan el déficit público, poniendo en dificultad el mantenimiento del Estado de bienestar y generando una redistribución regresiva de la renta. Pero no es sólo el efecto negativo en las cuentas públicas lo que genera la gorronería social, sino la excusa para muchos comportamientos insolidarios. Frente a ello la receta compartida es la de aumentar el control público, tanto con la lucha contra el fraude fiscal como contra el abuso en los servicios público, pero, ante sus limitados éxitos, los más radicales plantean una definición más estricta de los derechos de propiedad limitando la existencia de bienes públicos.

Tales posiciones, sin embargo, cuestionan la esencia del Estado de bienestar, que se ha mostrado como una herramienta poderosa de redistribución de rentas y de cohesión social, por lo que una opción más equilibrada debe pasar por una combinación de la lucha contra el fraude y los abusos, la reconsideración de algunas de las prestaciones que desvían el Estado de bienestar desde los sectores más necesitados a otros bien situados ante la redistribución de rentas públicas y, sobre todo, una actitud ciudadana intransigentes con los gorrones.