El estado de la Nación

POCAS veces se ha producido en el Congreso de los Diputados un Debate sobre el estado de la Nación en el que los discursos estuvieran tan perfilados de antemano. Las expectativas se cumplieron hasta el detalle porque todos los grupos parlamentarios que ayer intervinieron habían difundido con anterioridad sus planteamientos, que, en realidad, resumen sus posiciones sobre la crisis económica. Mariano Rajoy, por un lado, desarrolló su reiterado pensamiento: lo peor de la crisis ya ha pasado, se ha abortado el rescate, la prima de riesgo está controlada, se ha empezado a crear empleo y todos los sacrificios que ha habido que imponer fueron necesarios para ver la luz al final del túnel. Vino en su ayuda la Comisión Europea al hacer públicas ayer mismo sus previsiones, que auguran un crecimiento de la economía española superior a los estudios del propio Gobierno. Pérez Rubalcaba, en particular, y otros portavoces pusieron el énfasis en las carencias y debilidades del discurso de Rajoy: sus planteamientos macroeconómicos olvidan a las personas, la política de austeridad máxima ha empobrecido a los colectivos más necesitados y supone un obstáculo para la reactivación económica, y los recortes en educación, sanidad y servicios sociales ponen en peligro el Estado de bienestar respondiendo a un designio ideológico de larga trayectoria en la cúspide del Partido Popular. Dentro de estas dos premisas irreconciliables, Mariano Rajoy salió reforzado al anunciar una tarifa plana de 100 euros en la cotización a la Seguridad Social para los empresarios que creen empleo neto y la supresión del pago de IRPF para los españoles que ingresen menos de 12.000 euros anuales, lo que beneficiará a varios millones de contribuyentes. Por lo demás, el Debate sobre el estado de la Nación permitió ratificar la firmeza de los dos partidos mayoritarios, que reúnen a más del 80% de los diputados de la cámara legislativa, en su rechazo al proceso soberanista emprendido por la Generalitat de Cataluña. Rajoy fue rotundo: el Gobierno no puede autorizar un referéndum ilegal que hurtaría al pueblo español la capacidad de decidir sobre su futuro al pretender atribuir a una parte del mismo, el catalán, el derecho a decidir en solitario, algo que ni este Gobierno, ni ningún otro, ni el propio Congreso de los Diputados ni ninguna otra institución puede aceptar, hoy y mañana. Rubalcaba, por su parte, aunque defendió la reforma pactada de la Constitución en sentido federal, se mantuvo dentro de las mismas pautas de negativa al secesionismo. En todo lo demás ambos disintieron y lo seguirán haciendo. En las elecciones europeas de mayo los españoles emitirán una señal sobre a quién creen y apoyan más.