Política energética y sector público

UNA de las disfunciones de nuestro Estado autonómico es la frecuente inadecuación entre las grandes líneas de las políticas públicas adoptadas por los órganos competentes de la Administración Central del Estado (Gobierno, ministerios, direcciones generales) y las políticas efectivamente puestas en práctica por sus organismos autonómicos homólogos. Y, consiguientemente, de sus logros. Aunque a veces ello obedezca a claras motivaciones políticas derivadas de la preeminencia política del partido mayoritario de la oposición en determinadas CCAA -el caso paradigmático sería aquí la negativa a la impartición de la asignatura de Educación para la ciudadanía por parte de los dirigentes políticos de esas CCAA-, otras veces se deriva de una insuficiente coordinación entre ambos niveles político-administrativos, una cuestión cuya verdadera naturaleza política ciertamente va más allá de la mera delimitación establecida por los criterios legales o jurisprudenciales para el reparto de competencias.

Un caso significativo podría ser el de Isofotón, que es la empresa líder de España en la fabricación de paneles fotovoltaicos y una de las diez más importantes del mundo en dicho sector. Hace tres años inauguraba en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga (PTA), mediante una inversión de 54 millones de euros, una de las más modernas fábricas de placas solares del mundo, para la generación y el aprovechamiento de la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica.

Esta multinacional española, que está presente en más de 60 países del mundo, y que cuenta con filiales en Estados Unidos, Italia, Latinoamérica, Marruecos, Senegal y China, donde además tiene una fábrica, nació hace 28 años en Málaga. Su fundador fue Antonio Luque López, malagueño, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que desarrolló, como spin-off de un proyecto universitario de investigación, una patente para producir células solares fotovoltaicas bifaciales. Cuando Luque decidió crear la empresa, volvió a Málaga donde convenció, con la ayuda de su hermano Alberto, a un pequeño grupo de empresarios locales para que aportaran el capital necesario. Los comienzos fueron muy difíciles: los costes del silicio eran altos y la demanda de placas solares no era suficiente. En 1987, las pérdidas de la empresa obligaron a Luque a vender sus propias acciones. La Junta de Andalucía, que había venido subvencionando la supervivencia de la empresa, acabaría convirtiéndose a finales de los ochenta en accionista mayoritaria, hasta que en 1999, en plena hegemonía ideológica del neoliberalismo económico -uno de cuyos dogmas postula que "el Estado es mal empresario", por lo que había que privatizar todas las empresas públicas; para demostrar que se trata de una patraña ideológica, baste recordar que Nokia, la multinacional finlandesa que lidera el mercado global de la telefonía móvil, es una empresa estatal-, fue vendida por la Junta de Andalucía y adquirida por el Grupo Bergé.

Pues bien, siendo la industria fotovoltaica española la que más creció del mundo en 2008, Isofotón ha anunciado a comienzos de 2009 un ERE temporal que afecta al 95% de su plantilla. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido considerables errores, y no sólo contables, en la gestión privada de la empresa, lo que, unido a las dificultades de financiación derivadas de la crisis económica internacional, ha dado lugar a la acumulación de una deuda de 250 millones. El comité de empresa le ha planteado al presidente Griñán que intervenga la Junta para salvar a la empresa con todos sus puestos de trabajo, si es que no se logra atraer a nuevos inversores privados, mientras que el accionista mayoritario, el Grupo Bergé, se propone vender Isofotón, limpia de deudas y empleos, a una multinacional china.

La apuesta del Gobierno de Zapatero por las energías renovables se inscribe en una política más amplia que aspira al cambio del modelo de crecimiento. Pero ese proyecto adolece todavía de no pocas indefiniciones e incertidumbres. Entre otras razones -la más importante de las cuales es la previa revolución educativa que exige-, porque la aportación privada al proceso de cambio de modelo productivo, en términos de inversión en I+D+i, no se está produciendo en la medida esperada, y porque hasta ahora la coordinación con las políticas de las CCAA deja bastante que desear.

La emblemática Isofotón bien merece que la Junta de Andalucía se replantee -ahora que la crisis económica global provocada por la aplicación de los falaces dogmas del neoliberalismo económico parece atemperar su pasada virulencia política- la conveniencia de apostar por un sector público de la economía andaluza que pueda suplir las carencias de la iniciativa privada, al tiempo que aporta coherencia a las políticas energética y económica nacionales.