Riotinto: una Justicia no diligente

U NA de las garantías que ofrece el Estado de Derecho es la existencia de un sistema judicial que atienda con diligencia los asuntos que llegan a sus manos. Cinco años y medio han transcurrido desde que el infierno de las llamas se apoderó de la Cuenca Minera de Huelva, acabando con la vida de un matrimonio y arrasando a su paso 35.000 hectáreas de suelo, en buena parte una rica zona forestal, en las provincias de Huelva y Sevilla. Ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Huelva, tras dos días de vista oral, el juicio contra Emilio Perdigón, imputado como supuesto autor de los cuatro focos que dieron inicio al incendio y para quien la Fiscalía y la acusación particular reclaman 26 años de reclusión. Basta recordar el plazo transcurrido desde que acaecieron los hechos para comprobar que en esta ocasión -como en muchas otras- se ha incumplido el derecho a una Justicia sin dilaciones, con el consiguiente perjuicio para las partes implicadas. Para el acusado, porque sobre él sigue pesando la sombra de dos muertes y de una catástrofe ecológica;para los familiares de ambas víctimas, porque simple y llanamente nadie ha hecho aún justicia a sus allegados. Aellos hay que sumar los 6.000 damnificados que perdieron bienes de todo tipo y que vieron cómo los esfuerzos de una vida quedaron reducidos a cenizas en unas pocas horas. Pero en esta ocasión el retraso en las diligencias se presenta, además, como un factor decisivo para la resolución del caso, puesto que, sorpresivamente, los testigos claves de las acusaciones se han desdicho de sus testimonios iniciales o han experimentado repentinos ataques de amnesia, borrándose de su memoria lo que vieron aquel 27 de julio de 2004. O eso o han sufrido presiones anónimas que les han hecho modificar sus versiones, como sostienen el fiscal y los abogados de la acusación. Pronto se sabrá el fallo judicial, pero su resultado estará a la espera de que un nuevo juez investigue las presuntas amenazas a estos testigos. El reloj de los tribunales seguirá en marcha, por tanto, por tiempo indefinido, a la espera de una sentencia definitiva. La duda es si para entonces se habrá hecho justicia a los ciudadanos afectados y a la sociedad.