Desprestigiar a?la Justicia

Son tan burdos los intentos del sanchismo cuestionando iniciativas de jueces empeñados en ejercer con rigor su trabajo, que no es difícil llegar a la conclusión de que se ha puesto en marcha una operación que tiene como principal objetivo el desprestigio de la Justicia.

Siempre, y por tanto también ahora, se producen iniciativas judiciales que provocan estupor porque van contra el sentido común; o, según profesionales de reconocida solvencia, no siguen estrictamente lo que indica la ley. Ocurre con casos irrelevantes que solo importan a los directamente afectados y también a otros de gran repercusión social, económica y política. Pero en términos generales los españoles podemos estar satisfechos del trabajo de jueces y fiscales, aunque sería deseable que se sentaran las bases para que los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno de los jueces– no estuviera en manos de los partidos políticos. Como también sería deseable que se tomaran medidas para que el fiscal general tuviera menos dependencia del gobierno que lo nombra. En ese sentido, las asociaciones profesionales más importante defienden que su mandato no coincida con el del gobierno que lo ha nombrado.

Visto lo ocurrido estos últimos meses, y sobre todo las dos últimas semanas en las que se ha celebrado en el Supremo el juicio a García Ortiz, no sorprende que tome cuerpo la idea de que el Gobierno está poniendo toda la carne en el asador para desprestigiar a la Justicia. De esa manera, si salen mal paradas personalidades muy cercanas, presuntamente involucrados en casos de corrupción, sería fácil cuestionar sentencias alegando que determinados jueces y fiscales llevan tiempo tomando decisiones claramente tendenciosas. Conociendo las artimañas sanchistas –que no socialistas– ese tipo de maniobra no sería descabellada.

Fundamentalmente, porque personas de máxima relevancia para el Gobierno tienen hoy su futuro en manos de la Justicia. Nada menos que la mujer y el hermano del presidente; quien fue su principal ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos; el sucesor en esa secretaría y negociador con Puigdemont; el fiscal general del Estado, ex altos cargos del ministerio de Transportes, el hombre para todo de Ábalos –Koldo García Izaguirre–, también con muy buenas relaciones con Pedro Sánchez; una colaboradora importante de Santos Cerdán, Leire Díez, a la que encargaron “trabajos” para intentar desprestigiar a la UCO; el actual ministro Torres, que debe aclarar los contratos de compra de mascarillas...

La lista es larga, y lo lógico es que se produzcan sentencias judiciales de condena en unos casos y de no condena en otros, serán los tribunales los que decidan. Y el clima de estos días da pie a sospechar que el Gobierno se prepara ya para cuestionar a los tribunales que castiguen a altos cargos que causen dudas sobre la honorabilidad del presidente del Gobierno.