El fiscal se expresa en el Supremo hoy

Borró el contenido de sus dos teléfonos móviles, las versiones de las fiscales madrileñas no coinciden, y tendrá que aclarar qué llamadas hizo y a quién para desmontar las acusaciones de que filtró datos confidenciales de un ciudadano. Filtración que sería delito y provocó la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid contra Alvaro García Ortiz. Este lunes, el Tribunal Supremo analizará el comportamiento del fiscal general cuando una subordinada le informó de que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Ayuso, estaba negociando un pacto de conformidad con la fiscalía, a cambio de que reconociera que había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. La noticia no tardó en aparecer en medios de comunicación afines al Gobierno, y todos los ojos se centraron en el fiscal general, que niega los hechos.

Es uno de los mayores escándalos de la cadena de escándalos que convulsionan a la sociedad española, que en esta ocasión es de máxima gravedad extrema y ha provocado la imputación de una de las principales autoridades del Estado. Pone también en entredicho la actuación del ministro Oscar López, que era jefe del Gabinete del Presidente de Gobierno cuando se produjeron los hechos, por lo que afecta tangencialmente a Pedro Sánchez.

La clave está en un wasap que recibió Juan Lobato, líder entonces del PSOE madrileño, en el que se le indicaba que informara en la Asamblea de Madrid sobre la negociación del acuerdo de conformidad de González Amador. Lobato pidió pruebas de que la noticia ya era de dominio público, para no cometer delito. Una hora más tarde se le enviaba la nota que acababa de publicar El Plural. Lobato, abogado, acudió a un notario para que levantara acta de las llamadas recibidas. Con horarios. No las tenía todas consigo.

Desde entonces, marzo de 2024, el fiscal general y varios de sus colaboradores han tratado de demostrar que la noticia ya la tenían varios medios y que la actuación de García Ortiz había sido impecable. Pero hay declaraciones de miembros de la fiscalía, e informes sobre llamadas, que dan pie a que se pueda pensar que el fiscal general, motu proprio o cumpliendo instrucciones, pudo filtrar una información que no podía trascender so pena de incumplir la ley.

Comparece el fiscal general ante el Tribunal Supremo. Un fiscal general que se ha negado a dimitir como se le exigía desde diferentes foros. No solo para defender el prestigio de la institución que dirige sino para no llegar a la anomalía de comparecer ante un Supremo del que forman parte subordinados suyos.

Hoy tendrá que aclarar García Ortiz por qué borró sus móviles, a quién llamó y a qué horas, qué instrucciones dio. Comparece ante el TS un hombre que no solo tiene la responsabilidad de defender su honorabilidad, sino también la de destacados fiscales y políticos. Incluso Sánchez, que algo debe saber sobre qué pasó en aquellas horas de infarto.