Hemos perdido

El juicio del Fiscal General del Estado tiene embelesada a media España. Un juicio que hemos perdido todos de antemano. Lo ha perdido la justicia, que cada vez que exhibe su pompa parece perder su autoridad (recordemos en lo que ha quedado el célebre Procés). Lo ha perdido la Fiscalía, dividida entre los aplausos enfervorecidos de los incondicionales y las miradas inquisitivas de quienes sostienen la filtración del jefe. Lo ha perdido la justicia, cuyo más sólido bastión, el Ministerio Público, en otro tiempo defensor de la legalidad es hoy apenas defensor de sí mismo. Lo ha perdido un periodismo debilitado por sus deudas, sus servidumbres ideológicas y sus olvidos interesados. Lo ha perdido la política incapaz de apartar sus sucias manos de cualquier posibilidad de control. Lo ha perdido el poder judicial, a quien se enreda entre medias verdades, borrados, pérdidas de memoria y contradicciones de unos y otros (resuelva como resuelva, el verdadero enjuiciado será el Tribunal). Pierde, en fin, la ciudadanía a la que se pastorea en el juicio paralelo de la calle sin saber si se está cometiendo una tropelía o se está haciendo justicia.

Muchos se preguntan si este juicio se debía de haber celebrado o no. Las sesiones de mañana y tarde infunden pesimismo. Parecen una pérdida de tiempo en ese viejo salón cubierto de damascos y terciopelos donde todos se fingen víctimas. Cada vez que se enfocan las puñetas del acusado me salta a la memoria la sentencia que ya dictó aquel que nos preguntó a todos: “¿La fiscalía de quién depende? (…) Pues ya está…”.

Nos distraen con estas pipas. Mientras el Ministro de Justicia pregona una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, horror, para modernizar la justicia. Lo hace tras un arqueo de papas, reyes, presidentes y años. Aunque fuera por estética, por decoro, debería esperar un mejor momento, pero no. Le llama modernizar la justicia a meter mano y controlar, a facilitar la impunidad. Es tan vergonzante la propuesta y son tantos los juicios que acorralan al gobierno que se justifican con la demora en su aplicación. Una ley más peligrosa y atentatoria contra las garantías constitucionales que el juicio de marras contra el Fiscal General. Pretende pasar la instrucción del juez al fiscal, expulsar a los partidos políticos de la acusación popular y ampliar a 5 años el mandato del Fiscal General. Cuánta docilidad por respuesta.