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No siempre una norma bienintencionada acaba siendo beneficiosa. Es el caso, por ejemplo, de la que hoy me ocupa: el Gobierno, en el reciente RDL que revaloriza las pensiones, ha introducido también la obligación de que universidades, instituciones y empresas den de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas, resulten éstas remuneradas o no.

El precepto, que surge de la necesidad de poner orden en el neblinoso mundo de las prácticas académicas, demasiadas veces apartadas de sus estrictos fines, ha sido contestado de inmediato por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ya que, a su juicio, pudiera suponer graves problemas presupuestarios para éstas y provocar una disminución drástica del número de prácticas hoy ofertadas por empresas u otras entidades.

Subrayan los rectores que no es de recibo tratar por igual a las prácticas curriculares y a las extracurriculares. Las curriculares, señalan, forman parte de los planes de estudio como una asignatura más cobrada a los alumnos en la matrícula, tratándose, por tanto, de una actividad indispensable para obtener el título. Las extracurriculares, en cambio, son voluntarias. Obligar a cotizar en ambos casos implica el aclarar previamente quién ha de pagar y cuánto por algo, en el caso de las prácticas curriculares, integrado en la estructura misma de la titulación elegida. Si son las propias universidades, éstas dicen no poder afrontar ese coste añadido. Si las empresas u otros organismos, es previsible una retirada masiva de colaboraciones que, al cabo, dejará al alumnado sin posibilidad de cursar esta parte, reitero que obligatoria, de sus carreras.

La queja me parece fundada. Una medida de semejante alcance no debería haberse tomado sin el concurso de las universidades. Queda, claro, su posterior desarrollo reglamentario, en el que, entonces sí, el Gobierno habrá de buscar consensos para aminorar el impacto académico y económico de su atolondrada generosidad. Quizá aplicando con inteligencia el mecanismo de la bonificación podría solucionarse el conflicto.

Del lance, una conclusión: legislar no es tan fácil como redactar leyes. Exige el esfuerzo de dialogar previamente con todos los interesados, de contemplar la totalidad de consecuencias de lo regulado, de actuar, o intentarlo, con precisión de relojero. Ésa que, de nuevo, vuelve a faltar en cuantos, sin dominar el oficio, por desgracia dominan el BOE.

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