Todos los españoles son iguales ante la Ley. Es lo propio de los regímenes democráticos, lo recordó el rey Juan Carlos cuando comenzaron a publicarse noticias sobre los posibles delitos cometidos por Iñaki Urdangarín haciendo uso de su situación privilegiada por pertenecer a la Familia Real, y lo reiteró el rey Felipe al poco de asumir la Jefatura de Estado.

Urdangarín sufrió el calvario habitual de quienes son investigados la Justicia y después llevados ante los tribunales; calvario que compartió con su mujer, también la Infanta Cristina fue investigada y juzgada, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza que tuvo que comparecer ante un tribunal. Fue absuelta, pero Urdangarín declarado culpable y condenado a cinco años y diez meses de prisión. Todos los españoles son iguales ante la Ley.

Sin embargo, el trato no ha sido igual que al de otros procesados y condenados. Los jueces de vigilancia penitenciaria atendieron en varias ocasiones los requerimientos de su abogado para que se le permitieran salidas para hacer trabajos sociales tras cumplir el periodo obligado para esa actividad, y siempre se encontraron con el informe negativo de la Fiscalía, hasta que finalmente se le concedió la posibilidad de acudir dos días a la semana a un centro social para atender a personas con discapacidad. También los jueces de vigilancia penitenciaria pidieron el tercer grado del que ya disfrutaban presos en sus mismas condiciones, pero la Fiscalía siguió oponiéndose. Desde hace unos días ha iniciado una nueva etapa con su ingreso en un centro de reinserción para presos, a donde tendría que acudir sólo a dormir, con permiso de libertad una semana al mes.

Ayer, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León le concedió ese tercer grado. En el auto no se escatiman las críticas a la Fiscalía y a su empecinamiento en no aceptar los argumentos de los jueces que conocían su comportamiento en la prisión de Brieva.

Para Urdangarín y su familia no ha cabado la pesadilla: se cuestionará ese tercer grado, aunque no hay profesional objetivo que lo cuestione; se encontrará con un acoso mediático que le hará muy difícil recuperar la normalidad y, con toda seguridad, su situación será utilizada por Pablo Iglesias, que intenta derribar la Monarquía aprovechando los errores o delitos cometidos por algunos de sus representantes.

A otros personajes que han delinquido se les acepta socialmente una vez que han cumplido su condena. A Urdangarín le espera el escarnio de medios de comunicación y la instrumentalización de su figura, desde dentro del propio Gobierno, para desacreditar a la Corona.

No todos los españoles son iguales ante la ley.

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