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Ignacio F. Garmendia
Un drama
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Tras mucho tiempo de movilizaciones y unos cuantos meses de negociación, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos más representativos del sector sanitario que mejora sus condiciones de trabajo y, consecuentemente, la salud de los andaluces. La inminencia de unas elecciones, aunque no afecten al ámbito autonómico andaluz, ha ayudado al pacto final.
El acuerdo satisface el núcleo central de reivindicaciones planteadas en la calle y en los despachos: inversión en atención primaria del 25% del presupuesto de sanidad, cupos de enfermos para los médicos de familia, mejoras retributivas y prórroga de las contrataciones extraordinarias a causa de la pandemia con una ambición razonable de estabilizarlos en el SAS.
También se resuelve el aspecto más político y polémico del conflicto: la Junta retira la orden de tarificación en la atención primaria, lo que equivale a decir que no se va a desviar la asistencia de los centros de salud público a ningún centro privado. Es lo que hizo saltar la alarma entre los trabajadores sanitarios y otros sectores populares que defienden la sanidad pública.
No va a haber, pues, ni privatización ni externalización de las prestaciones básicas, más allá de los conciertos con hospitales y clínicas privadas, que funcionan desde hace mucho tiempo y habrán de seguir funcionando mientras el Estado y la Junta no dispongan de un pozo inagotable de ingresos: la demanda de servicios de salud es, por definición –y por envejecimiento–, creciente e inagotable. Y así debe ser.
La consejera de Salud, Catalina García, ha repetido que su plan no fue nunca privatizar la atención primaria y que solamente se activaría en caso de emergencia. Pero, entonces, ¿por qué lo quiso implantar? La mejor manera de que no sospechen de tus intenciones privatizadoras es no hacer nada que las pueda alimentar. Además, en caso de que se produjera una emergencia, la Administración dispone de muchos resortes para poner en marcha soluciones de emergencia.
En fin, la resolución de este conflicto parece un reflejo contundente de los límites de las mayorías absolutas. No se puede gobernar sin consensos ni decidir sin consultar con los afectados. Tampoco sin aprender de la experiencia, aunque sea ajena. Que Juanma Moreno le pregunte a Susana Díaz cuántos votos le costaron a ella las mareas sanitarias en su mandato.
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