Isabel Díaz Ayuso reclama su libertad para montarse en el Maserati de su novio o meterse en la cama que comparten en el confortable piso que ese ciudadano se compró en Chamberí, “porque le ha ido bien en la vida”. En Madrid, tierra de oportunidades, un técnico sanitario de origen andaluz puede hacerse rico. Otra cosa es si su prosperidad durante la pandemia está en regla con Hacienda. La presidenta madrileña practica el victimismo ante la adversidad: dice que el asunto es la vida privada de su novio, que en nada concierne a la Comunidad de Madrid y que él está siendo objeto de una cacería por el aparato represor del Estado.

Se acusa al compañero de piso de la presidenta de falsedad documental para defraudar al Tesoro cientos de miles de euros. En el PP han salido en tromba en auxilio de Ayuso. Hace dos años, Pablo Casado la acusó de corrupción por los negocios de su hermano con su Gobierno, y duró seis días en el cargo de presidente nacional. Reivindicar la privacidad de la pareja sentimental de la presidenta es oportuno pero tardío. Familiares de Chaves, Susana Díaz o Juan Espadas han sido objeto de acoso político en las últimas décadas. El presidente del Gobierno recordó el miércoles en el Congreso a María Gámez: la directora de la Guardia Civil dimitió por un auto en el que se imputaban delitos a su marido, que nada tenían que ver con ella.

Pedir la dimisión de Ayuso parece exagerado. Se usa como antídoto contra el descrédito por el caso Koldo. También se quiere acallar el tenue pero molesto conflicto de intereses de la esposa del presidente del Gobierno. No se pueden pedir recursos a empresas que luego reciben ayudas de estado. La mujer del César tiene que ser honrada y parecerlo. Se reclama respeto hacia la vida privada de Ayuso, mientras la de María Gámez fue víctima de una peculiar actuación judicial.

En el Juzgado número 6 de Sevilla, el de los ERE, la juez titular se apartó de las macrocausas después de un hostigamiento que le llevó a darse de baja durante un año, y recibir una denuncia de seis fiscales rechazada por el CGPJ. Un segundo juez de apoyo, miembro de la directiva de la Asociación Profesional de la Magistratura, se hizo cargo de los asuntos con implicaciones políticas. Hace un año acusó al marido de Gámez, por un caso que afectaba al hermano de este. El auto se dictó con los plazos legales de instrucción caducados; la Audiencia de Sevilla estableció que habían vencido ocho meses antes. Hay que pensar que las actuaciones judiciales son siempre honestas, aunque no lo parezcan. El resultado fue que la acusación debía ser archivada, pero produjo la dimisión de la política malagueña.

La vida privada de María Gámez fue un asunto de estado, mientras señalar las casas y los coches en los que se mete Ayuso parece un atropello constitucional. Eso se llama desigualdad.