Una de las carencias históricas del tejido productivo de Andalucía es la necesidad de que crezca el número de empresas radicadas en la comunidad autónoma y, al unísono, el tamaño de las compañías, ya que más del 98% de sociedades establecidas en la región son pymes o micropymes. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene entre sus principales objetivos que el número de compañías andaluzas aumente, bien por el fomento del emprendimiento de los andaluces, bien porque atraiga a empresas establecidas en otras autonomías. Para lograr que este objetivo se materialice, el Ejecutivo andaluz lleva cuatro años, a lo largo de dos legislaturas -la anterior y la que comenzó el pasado verano-, implantando medidas fiscales y administrativas, tendentes a mejorar las condiciones para ejercer como empresario en las ocho provincias andaluzas. Hace pocos días, el Colegio de Registradores, que certifica los movimientos de domicilio social, ha corroborado con datos que el saldo de captación de empresas es positivo. En los últimos cuatro años, Andalucía ha atraído a 241 compañías que estaban radicadas en otras comunidades autónomas. Desde 2019 son 2.219 empresas las que modificaron su domicilio social por uno andaluz, mientras que las que se fueron a otras regiones sumaron 1.978. Los datos muestran que en los años más próximos al procés catalán fueron más las compañías que se mudaron desde esa comunidad, y desde 2019 la tendencia de fuga a Madrid se ha invertido, con lo que concluimos que no todo el saldo es atribuible a las políticas de Juanma Moreno Bonilla, pero sí una parte. Con todo, ese saldo positivo demuestra que ofrecer condiciones fiscales competitivas y un marco de estabilidad política sólido logran atraer al emprendedor. Andalucía, por diversas razones, entre ellas la moderación política que pretende encarnar el presidente de la Junta, está de moda y esa ventaja debe aprovecharse para impulsar aún más la captación de empresas, que son las que crean riqueza y la redistribuyen.