Andalucía y las inversiones del Estado

Está bien que la Junta exija más dinero de Madrid. También que procure una mayor racionalidad y eficacia del gasto público

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aprovechó la que puede ser una de sus últimas intervenciones en el Parlamento autonómico para anunciar una futura reunión del consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, con la ministra de Hacienda, la también andaluza María Jesús Montero, para tratar fundamentalmente tres asuntos: desbloquear el modelo de financiación autonómica, las inversiones del Estado en la comunidad andaluza y la salida de nuestra comunidad a los mercados para financiarse.

Sobre el primer bloque de este encuentro pocas novedades se pueden dar. Montero, consejera de Hacienda de la Junta hasta que Pedro Sánchez la llamó para formar su Ejecutivo, conoce a la perfección (y comparte) la postura de Andalucía respecto a la reforma de la financiación autonómica. Sin embargo, también sabe que, debido a la actual situación política en Cataluña, pocos cambios se pueden hacer en un sistema que, sin embargo, no complace a nadie. Mientras el Gobierno catalán siga boicoteando su normal relación con el Estado y el Ejecutivo central continúe en una posición de extrema debilidad como la actual, pocas variaciones se pueden dar en este campo. Precisamente por eso, el segundo bloque del encuentro, el que se refiere a las inversiones directas del Estado en Andalucía, cobra una especial importancia. El Gobierno de Sánchez, a través de su delegado en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, recientemente adelantó que para el próximo año, el Ejecutivo español "va a movilizar" casi 1.500 millones de euros adicionales destinados a la comunidad andaluza. Bienvenidos sean, aunque no deja de ser llamativo que dicho anuncio coincida en el tiempo con el calentamiento previo a las inminentes elecciones andaluzas.

Está bien que Andalucía reivindique más dinero del Estado, también más financiación directa y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, pero también lo estaría que la Junta afronte una mayor racionalidad y eficacia del gasto público. Ésa es una de las revoluciones que aún tenemos pendientes. Esto es importante recordarlo en unos momentos en los que Andalucía -y éste es el tercer bloque que se tratará en el encuentro- va acudir a los mercados para su financiación. Nadie puede discutir el esfuerzo que ha hecho la Junta por cumplir con el objetivo de déficit y contener la deuda pública, por lo que no dudaremos ahora de la palabra de la presienta, quien ayer dijo que será "prudente y progresiva" en esta cuestión.

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