Escándalo en el Parlamento Europeo

Desde Qatar se ha perpetrado una campaña de sobornos en el Parlamento Europeo para mejorar su imagen ante la opinión pública europea

A través de personas aún sin definir, Qatar ha venido perpetrando una campaña de sobornos en el Parlamento Europeo para mejorar su imagen. Quien ha sido hasta hace unas horas vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, es una de las personas a la que la Fiscalía belga acusa de pertenecer a una red que aceptaba sobornos para influir en la percepción que la opinión pública tiene de un país donde no se respetan los derechos humanos y donde las condiciones laborales son nefastas para los inmigrantes más pobres. Junto a esta socialista griega, han sido detenidos otro eurodiputado, la pareja de la vicepresidenta, su padre y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, pero todo indica que habrá más detenciones en los próximos días. La Policía se ha incautado de un millón de euros en metálico. Este hecho es gravísimo, pues arroja una sombra de credibilidad sobre una de las instituciones más prestigiosas de la Unión Europea. La Cámara comunitaria y la Comisión Europea -ambas cuerpos legislativos- deben llegar hasta el final. Eva Kaili había defendido desde la tribuna de la Cámara el "modelo de derechos laborales" de Qatar, el subcomité de Derechos Humanos avaló los avances en el país que organiza el Mundial de Fútbol y se estaba negociando la liberalización de visados de ciudadanos qataríes para entrar en la Unión Europea. La sede bruselense de la Cámara ha sido registrada por la Policía, que se ha llevado documentación de una decena de asistentes. Cada lobista que se relaciona con los europarlamentarios debe figurar en un registro oficial, pero bajo ningún concepto se permiten pagos y regalos. Sin embargo, hace ya tiempo que se había denunciado que las relaciones no eran del todo transparentes. El llamado Qatargate es mucho más grave, pero entendemos que es necesario que el Parlamento Europeo acabe con la opacidad de unas relaciones que son legítimas entre los legisladores y los sectores empresariales y sociales relacionados.

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