Los datos que se vienen conociendo sobre la red de sobornos que Qatar había establecido en el Parlamento Europeo hacen necesario que esta institución comunitaria abra una investigación por cuenta propia, así como que se ponga a disposición de la Justicia belga. Habían sido los servicios de Inteligencia de Bélgica quienes venían investigando, como una injerencia extranjera, las actividades de Qatar y es posible, también, que las de Marruecos. Nos encontramos, por tanto, ante un doble desafío. De un lado, las posibles actividades ilegales de estados no comunitarios ante una institución de máximo rango de la Unión, que es la única formada por miembros que eligen los ciudadanos de manera directa. De otro lado, lo que está en juego es el prestigio del Parlamento Europeo. Resulta sorprendente que muchos eurodiputados hayan anticipado que los sobornos qataríes sólo son la punta de un iceberg, lo que indicaría que la Cámara ha venido legislando con laxitud ante un asunto que muchos esperaban. Exigente con los estados, débil con sus miembros. Aunque hay un registro oficial de lobbies ante el Parlamento, los eurodiputados no informan de sus actividades con representantes de países extracomunitarios, apenas tienen incompatibilidades con actividades privadas y los ciudadanos a los que se deben están tan lejos que apenas ejercen un control sobre ellos. Una de las actividades que la presidenta de la Cámara, Roberta Metsola, se ha propuesto prohibir es la de las llamadas agrupaciones de amistad que algunos eurodiputados creaban, por su cuenta, con este tipo de países autocráticos. La Fiscalía de la Unión Europea ha solicitado que se levante la inmunidad a los eurodiputados señalados por la Justicia belga, y se debe considerar si este organismo puede ejercer acusaciones contra estos parlamentarios. Si esto no se depura del todo, los llamados euroescépticos tendrán nuevos argumentos contra las instituciones de la UE.