La estabilidad de mil interinos

Un decreto ley –auténtico cajón de sastre– del Gobierno central para dar respuesta, fundamentalmente, a las consecuencias de la guerra de Ucrania le ha abierto a la Junta la opción de estabilizar profesionalmente a más de un millar de funcionarios interinos. Trabajadores que están abocados al despido porque no ganaron las plazas en las Ofertas de Empleo Público a las que se presentaron. Algo que suele suceder en numerosos casos cuando en los procesos de concurrencia se da un valor determinante a los conocimientos teóricos de los opositores. La mayoría de los que se presentan suelen ser jóvenes que, en teoría, gozan de más tiempo para preparar los exámenes en relación a sus competidores, que deben conjugar trabajo y estudio, e incluso labores familiares. La norma de la Administración central habilita al Gobierno andaluz a lanzar una oferta dirigida a este personal, siempre que lleve desempeñando su labor con anterioridad a enero de 2016. Sólo hay que recordar que los 1.049 interinos andaluces que han cesado o cesarán en sus funciones llevan de 15 a 30 años de ejercicio continuado en la Junta. Con una mayoría de afectados que son mujeres con más de 50 años. Un grave problema que puede hallar una salida más razonable a la alternativa que barajaba la Junta de habilitar una bolsa de contrataciones y así recuperar a “los mil”. Si las formas no invalidan jurídicamente el propósito final de la propuesta. Porque no es la primera vez que se usa la figura del decreto ley para introducir apartados que no guardan relación alguna con la justificación del mismo. La estabilidad laboral de los trabajadores de las administraciones públicas es una exigencia de la Unión Europea. Los procesos iniciados han servido para probar que durante años las propias instituciones han incurrido en un fraude de ley con lo que debe representar una interinidad. Esa realidad debe pesar sobre cualquier otra consideración que se haga.