La financiación, campo de batalla política

La financiación autonómica y el modelo presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se va a convertir en el campo de batalla político de los próximos meses. Es lógico que sea así cuando las elecciones en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía están ya en un horizonte próximo y la fórmula elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negociado, por ahora, en exclusiva con una fuerza política, Esquerra Republicana de Cataluña, como un peaje para que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat y dentro del capítulo de cesiones al separatismo con el que Sánchez intenta blindar su precaria estabilidad parlamentaria. Aunque el modelo logra encajar el rompecabezas que supone responder a algunas de las principales exigencias de ERC y, al mismo tiempo, mejorar sustancialmente la posición de comunidades como Andalucía, el rechazo ha sido la nota dominante. En la región, dejando al margen al PSOE, la propuesta de financiación ha sido descalificada en términos muy duros por la Junta, pero también ha merecido grandes reproches de los partidos a la izquierda del PSOE y de Vox. Las formaciones afinan sus estrategias electorales y cualquier pronunciamiento pasa por el tamiz de los argumentarios de campaña. Este debate no va a ocultar una realidad que, por otra parte, lo condiciona: el Gobierno no tiene una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar el nuevo modelo. En estas condiciones es prácticamente imposible que salga adelante a no ser que Sánchez y Montero logren recomponer para esta cuestión el apoyo de Junts y del resto de sus socios. Una vez más el ruido partidista va a impedir que se analice en profundidad una propuesta criticable desde muchos aspectos pero que también aporta elementos positivos. Los 4.846 millones más que vendrían a Andalucía representan una propuesta lo suficientemente trascedente como para que no se despache con argumentos poco elaborados. La financiación autonómica es la base sobre la que se sustentan los principales servicios públicos que condicionan la calidad de vida de los andaluces.