Respaldo judicial a los contratos del SAS

El tribunal de Sevilla que investigaba las querellas presentadas por parlamentarios andaluces del PSOE contra los máximos responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los contratos firmados durante la pandemia del Covid-19 ha dictado el archivo de las actuaciones. Considera el tribunal que no existen indicios de comisión de delito y valida el comportamiento de la gerente del SAS, Valle García Sánchez, y de sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. El auto de archivo desmonta la tesis de que los contratos se diseñaron para eludir el control legal de las externalizaciones de servicios y para favorecer a empresas afines. Por el contrario, la resolución judicial considera que no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa ni un injustificado abuso de poder. La decisión del tribunal supone un respaldo a los dirigentes de la sanidad pública andaluza y aleja una de las sombras que con más intensidad se cernía sobre la actuación del Gobierno que preside Juanma Moreno. Desde ese punto de vista, y a expensas de cómo se resuelvan los recursos que ya se han anunciado, la Junta se apunta un éxito político a las puertas de una larga campaña electoral en la que la situación y la calidad de la sanidad pública van a estar en el centro del debate. Pero esta decisión judicial no desactiva, ni mucho menos, las cuestiones que más inciden en las preocupaciones de los ciudadanos. Las listas de espera, el colapso en las urgencias hospitalarias y en los centros de salud y, en general, la calidad de la asistencia que reciben los andaluces van a seguir provocando controversias políticas y titulares en los medios de comunicación. La gestión de la sanidad pública es la principal área de actuación de la Junta y por la que los ciudadanos manifiestan mayor inquietud. Así seguirá siendo por más que sea necesario subrayar la decisión judicial que aclara uno de los aspectos más controvertidos y polémicos de los últimos años.